Decenas de ONG internacionales recurren ante el Supremo de Israel la revocación de sus licencias

Alertan de que la aplicación de la medida provocaría un «colapso humanitario» y un «daño irreparable» a la población palestina

Decenas de organizaciones humanitarias han anunciado este martes que recurrirán ante el Tribunal Supremo de Israel la orden de cese de sus operaciones en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, con una petición de suspensión cautelar de esa medida antes de que la misma, alegan, derive en un «colapso humanitario» y en un «daño irreparable» al derecho a la salud y a la vida de «cientos de miles» de personas.

En concreto, las organizaciones implicadas han impugnado la decisión adoptada en diciembre de 2025 por las autoridades israelíes que, según han explicado en rueda de prensa, «ordena el cese de sus actividades por negarse a proporcionar datos personales de contacto de miles de empleados y empleadas locales».

Con ello, las peticionarias –entre las que figuran 17 ONG, incluidas Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), así como la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo (AIDA)– buscan «mantener la situación actual y evitar la expiración de su registro», así como la «deportación de personal extranjero» hasta que se adopte una resolución definitiva.

Así, han alertado de que las medidas para forzar el cierre podrían comenzar el próximo 28 de febrero, al tiempo que han insistido en que el impacto sería «inmediato» y afectaría no solo a las organizaciones individualmente sino también «al conjunto del sistema humanitario».

Según han explicado, en Gaza las familias «siguen dependiendo» de la ayuda externa, dadas las «restricciones continuas a la entrada de asistencia» y los nuevos ataques por parte de Israel a zonas «densamente pobladas»; mientras que en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, las incursiones militares, demoliciones, desplazamientos, expansión de asentamientos y violencia de los colonos provocan igualmente un aumento de estas necesidades entre la población civil.

«Junto con las agencias de Naciones Unidas y los socios palestinos, de las ONG internacionales depende más de la mitad de toda la asistencia alimentaria en Gaza, el 60% de las operaciones de hospitales de campaña y casi tres cuartas partes de las actividades de refugio y distribución de artículos no alimentarios», han recordado.

Del mismo modo, han advertido de que de esta ayuda depende «la totalidad de los tratamientos hospitalarios para menores con desnutrición aguda severa» y «el 30% de los servicios de educación de emergencia», amén de la financiación de «más de la mitad de las tareas de eliminación de artefactos explosivos».

Fue el pasado 30 de diciembre de 2025 cuando 37 organizaciones internacionales de ayuda humanitaria fueron notificadas de que sus registros en Israel expirarían al día siguiente y de que dispondrían de 60 días para cesar sus actividades en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este.

Dicha notificación precisaba que únicamente podría ser revocada tal decisión si «completaban íntegramente el proceso de registro, de acuerdo con las condiciones impuestas por Israel». No obstante, han reiterado que este proceso no puede ser cumplido por ellas «desde el punto de vista legal y ético».

Con relación a la referida exigencia de datos personales del personal empleado, han argumentado que aquellas que están sujetas a la legislación europea entienden que la transferencia de esos datos a las autoridades israelíes supondría una «infracción penal y administrativa».

Por ello, la petición invoca el precedente Schrems II del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prohíbe la transferencia de datos a jurisdicciones que carecen de supervisión judicial independiente sobre sus agencias de seguridad.

A ello se suma que la exigencia de proporcionar números de teléfono y datos de contacto de todo el personal «vulnera el principio de minimización de datos» y «pone en peligro la seguridad personal» de los empleados.

«Convertir a organizaciones humanitarias en un brazo de recopilación de información de una de las partes en el conflicto contradice frontalmente el principio de neutralidad», han defendido las ONG.

Tras advertir que la actuación administrativa de las autoridades israelíes «está viciada» por «dilaciones indebidas y falta de buena fe», estas ONG han manifestado entender como «nula» la decisión de «cese generalizado de actividades por ilegalidad», en la medida en que el mandato gubernamental «se limita a cuestiones técnicas de registro y visados».

«Asumir la facultad de ordenar el cese de actividades de una organización internacional constituye una extralimitación grave sin base legal expresa», han remarcado.

Además, han esgrimido que, de acuerdo con el Anexo Civil de los Acuerdos de Oslo, la competencia para registrar y gestionar ONG que operan en territorios bajo la Autoridad Palestina «fue transferida a la parte palestina», por lo que Israel «carece de autoridad» para ordenar el cierre de las entidades afectadas.

La argumentación jurídica también se apoya en el artículo 63 del IV Convenio de Ginebra, el cual «impone a la potencia ocupante la obligación de permitir que las sociedades de socorro continúen su labor», según los argumentos jurídicos presentados para respaldar su recurso.

En esa línea, han alegado una supuesta vulneración de la obligación de facilitar la asistencia humanitaria, en la medida en que, como potencia ocupante, Israel «tiene obligaciones positivas» de «garantizar el suministro de alimentos y servicios médicos».