Cuatro ONG de Derechos Humanos demandan a la Administración Trump por las sanciones a jueces y fiscales del TPI

MADRID 11 Ago. –

Cuatro ONG de Derechos Humanos, entre ellas Human Right Watch (HRW), han presentado una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos para impugnar la validez de las sanciones impuestas por la Administración Trump contra fiscales y jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI).

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una cruzada contra el TPI, con sede en La Haya, después de que emitiera en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Los demandantes –el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, el Centro de Derechos Constitucionales, Human Rights Watch y el Instituto para una Sociedad Abierta, parte de las Fundaciones de la Sociedad Abierta– han afirmado en un comunicado conjunto que han presentado una demanda ante el distrito sur de Nueva York, catalogando de «ilegales» las sanciones.

En este sentido, han argumentado que las sanciones restringen los derechos de las personas a ejercer trabajos humanitarios en virtud de la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución, además de «exceder los poderes del presidente» y basarse en una «pseudoemergencia nacional» que no tiene «base jurídica».

«El hecho de que tantas organizaciones líderes humanitarias y de Derechos Humanos se hayan unido para desafiar la orden ejecutiva ilegal de Trump demuestra el daño generalizado que está causando a los grupos de la sociedad civil, que tienen como objetivo llevar ante la Justicia a los responsables de crímenes graves», ha afirmado el abogado que representa a las ONG, Andrew Loewenstein.

Por su parte, la secretaria general del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, Joyce Ajlouny, ha indicado que los esfuerzos de la Administración Trump para desmantelar el TPI «y castigar a personas que buscan justicia por graves violaciones a los Derechos Humanos perjudican mucho más que a los individuos y grupos que enfrentan sanciones».

«Es una afrenta a todas las víctimas y supervivientes de los crímenes de guerra y el genocidio», ha dicho, agregando que la orden ejecutiva busca «intimidar a los defensores humanitarios y disuadir» a las personas a llevar a cabo estas acciones.

El director ejectivo de las Fundaciones de la Sociedad Abierta, James Goldston, ha asegurado que las sanciones «son un asalto al Estado de derecho, a jueces y fiscales independientes, y a la sociedad civil en Estados Unidos y en todo el mundo».

En esta misma línea se ha pronunciado la directora de Justicia Internacional de HRW, Liz Evenson, que ha defendido que la demanda busca «detener los ataques contra la justicia internacional y el espacio cívico», a fin de «garantizar que los derechos se protejan de manera consistente en todo el mundo».

La abogada del Centro de Derechos Constitucionales, Katherine Gallagher, ha defendido su labor como representante de víctimas ante el TPI y ha criticado que el Gobierno de Trump no solo haya «negado a los palestinos y las víctimas de la tortura estadounidense un acceso igual a la justicia, sino que también les haya criminalizado y castigado a ellos, a sus abogados y defensores y a sus socios».

«Todas las víctimas de crímenes internacionales -desde Sudán y Ucrania hasta Palestina y Afganistán- necesitan y merecen un TPI independiente y fuerte que pueda cumplir su misión de poner fin a la impunidad, sin temor ni favores», ha zanjado.