Colombia y la mano de obra mercenaria que opera en guerras de medio mundo

Las redes sociales juegan un papel determinante en la contratación de mercenarios, según un experto

La detención reciente de una decena de ciudadanos colombianos por su participación en la muerte de varios militares mexicanos en un atentando en Michoacán, o la condena en Rusia hace unos días a 28 años de cárcel de otro por luchar del lado de las fuerzas ucranianas en Kursk ha puesto de manifiesto una peliaguda realidad que emana del país sudamericano, la de exportador desde hace varias décadas de mano de obra mercenaria para conflictos internacionales.

Si bien esto ha sido una práctica común en la historia reciente, no fue hasta la detención de una treintena de colombianos por magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moise en julio de 2021 cuando adquirió relevancia pública la fábrica de mercenarios en la que Colombia se había convertido.

Para el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y experto en conflictos armados, Jerónimo Ríos Sierra, el «marcado componente de contrainsurgencia» del Ejército tras décadas de conflicto armado, la «complejidad geográfica» y la amplia inversión y cooperación militar estadounidense explica esta «gran atracción» hacia los efectivos de la fuerza pública colombiana.

«El Plan Colombia impulsado por Álvaro Uribe, y fuertemente coadyuvado por George W. Bush, militarizó como nunca el país (…) En los últimos veinte años, aun cuando el conflicto se ha transformado, y en muchos momentos desescalado, el intercambio de capacidades con Estados Unidos ha sido constante», cuenta a Europa Press.

Todo ello sumado a unos salarios muy por debajo de lo que cabría pensar que recibe quien forma parte de unas fuerzas del orden que operan en un contexto de conflicto armado interno desde mediados del siglo XX. «Un capitán apenas dispone de un salario inferior a 600 euros», cifras que multiplican «entre tres y seis veces en países como Emiratos Árabes, Sudán o, inclusive, Ucrania», explica Ríos Sierra.

Sin embargo, las condiciones laborales ofrecidas no se cumplen en muchos casos y son decenas los que acaban desertando. A diferencia de otros conflictos, Ríos Sierra revela que ha sido en Ucrania donde es más frecuente esa falta de compromiso por parte de los contratistas, en ocasiones «mafias que han operado ‘jugando’ a movilizar mercenarios con incentivos perversos y falsas promesas».

«Junto con las muertes, otro elenco importante de mercenarios, vistas las condiciones de la guerra y las dificultades para el pago de emolumentos, optó por la deserción», cuenta Ríos Sierra, que añade otros factores como el desconocimiento del idioma y el rechazo que muchas veces de las propias filas en las que sirven, enviándoles a «frentes hostiles o lugares especialmente difíciles».

En Ucrania, por ejemplo, el Gobierno colombiano estima que para finales de 2024 medio millón de mercenarios colombianos habrían participado en el conflicto, de los cuales «más de la mitad» habría muerto en combate. «Como todo lo que guarda relación con esta guerra, el baile de cifras y posibilidades hay que tomarlo como una mera aproximación», matiza el profesor de la UCM.

Ríos Sierra cuenta que las habituales vías de contratación son aplicaciones de mensajería como WhatsApp, o redes sociales como Facebook, Tik Tok o Instagram, si bien no se pueden olvidar el papel que de desempeñan empresas de seguridad cuyas actividades el Gobierno colombiano pretende intervenir.

A pesar de que el Gobierno de Gustavo Petro ha puesto en marcha una iniciativa para tipificar como delito el reclutamiento de mercenarios colombianos, para Ríos Sierra «es difícil legislar para identificar con exactitud las coordenadas en las que opera» un soldado irregular.

«La labor de asesoría o consultoría en aspectos de seguridad es un campo de trabajo tan amplio y versátil que difícilmente puede ser intervenido, en tanto que el contrato de mercenario, como tal, no existe», explica el experto.

Ríos Sierra destaca las grandes dificultades para legislar contra este fenómeno, pero también la falta de voluntad política, como muestra que Colombia, a pesar de haberse destapado como el gran exportador de este tipo de combatientes no ha sido hasta 2022, con la llegada de Petro, cuando más ha avanzado para adherirse a la convención internacional contra el reclutamiento de mercenarios de 1989.

«Sólo 38 países la han ratificado», por lo que fuera de estos cualquier tipo de control queda «por completo sobrepasado», señala. «Tal vez, medidas radicales pasen por enfrentarse a empresas de las que somos sabedores de su interés por la contratación de mercenarios, como USTC –la antigua Blackwater– o la británica G4S Security, las más extensa del mundo, con más de 600.000 trabajadores», apunta.