Birmania cumple el domingo cinco años del golpe de Estado en medio del conflicto y una crisis humanitaria

El país se asoma al abismo de la fragmentación ante la incapacidad de la comunidad internacional para poner freno

Birmania cumple este domingo cinco años del golpe de Estado propinado por la junta militar en medio de un clima de conflicto, crisis humanitaria, y fragmentación nacional alimentada por la emergencia de una resistencia armada contra los militares que combina a grupos de autodefensa con históricas organizaciones armadas que llevan décadas reivindicando su propia identidad.

Las cifras del conflicto son muy difíciles de verificar. La ONG especializada en el seguimiento de conflictos armados ACLED estima casi 90.000 muertos en cinco años de combates mientras que organizaciones civiles como la Asociación de Asistencia de Presos Políticos (AAPP) cifra en casi 7.800 los no combatientes muertos y en casi 30.400 los detenidos por el régimen liderado por el general Min Aung Hlaing.

El militar dice que su autoridad se ha reforzado con las recién acabadas elecciones que han dado una victoria aplastante a su Partido Unión para la Solidaridad y el Desarrollo (USDP, por sus siglas en inglés), mientras el gobierno que derrocó en 2021 sigue en el exilio y su líder, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, languidece en la cárcel, en medio de esfuerzos infructuosos de la comunidad internacional, y en particular de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, la ASEAN, para resolver la situación.

En paralelo, cabe recordar existe un caso abierto por genocidio contra Birmania ante la Corte de Internacional Justicia por la persecución sistemática del Ejército contra la minoría rohingya en 2017, y que llevó a la expulsión forzada de cientos de miles de personas a la vecina Bangladesh. En lo que se refiere a después del golpe, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) pidió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra el líder de la junta por presuntos crímenes contra la humanidad pero los jueces aún no han emitido una decisión pública sobre la solicitud.

Quienes han logrado aguantar en el país son fuerzas de resistencia étnica como el Ejército de Independencia Kachin (KIA) en Kachin, el Ejército Arakan (AA) en Rajine o el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) en Shan, quienes, junto a grupos de autodefensa como las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) locales en Sagaing y Magwe, están poniendo en serios aprietos a los militares.

Mientras, la población sufre: según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el número de desplazados internos en Birmania ha aumentado de alrededor de 300.000 a 3,6 millones desde el golpe de Estado debido al conflicto armado y 16,2 millones de personas, o casi un tercio de la población, necesitan asistencia humanitaria.

Sufre por la guerra y sufre por catástrofes naturales como el terremoto de marzo del año pasado, que dejó más de 5.500 muertos y puso de manifiesto que las autoridades militares birmanas ni mucho menos están en condiciones, como aseguraban, de responder a desafíos de tal magnitud.

Además, y según la ONG Human Rights Watch (HRW), desde el golpe de Estado, «han proliferado el tráfico de personas, los centros de estafa, la extracción no regulada de recursos, la producción de drogas y otras operaciones ilícitas».

Los centros de estafa en línea a lo largo de la frontera de Birmania con Tailandia, gestionados por organizaciones criminales internacionales lideradas por ciudadanos chinos, se basan principalmente en la trata de personas, el trabajo forzoso y la tortura para ejecutar sus estafas, que forman parte de una industria multimillonaria en toda la región.

Mientras, la guerra ha aumentado en crueldad. El investigador de Amnistía Internacional sobre Birmania, Joe Freeman, asegura que «los ataques aéreos y con drones militares alcanzaron nuevos máximos en 2025, a medida que la junta ha intensificado su ya brutal campaña contra las zonas de la oposición». Freeman lamenta que «estos últimos cinco años son un desolador ejemplo de la fallida estrategia del Ejército birmano para imponer su control mediante el asesinato y el terror a la población civil».

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este viernes su «profunda preocupación» por el «rápido deterioro de la situación» en Birmania, así como sus graves consecuencias regionales.

«El sufrimiento del pueblo birmano se ha agravado. El ciclo de impunidad persiste, con violaciones generalizadas del Derecho Internacional», ha declarado Guterres, que ha pedido «unidad regional e internacional y un compromiso sostenido para apoyar una solución a la crisis» que «aborde plenamente las causas profundas del conflicto», según un comunicado de su portavoz adjunto, Farhan Haq.

El jefe de la ONU ha señalado que ya se ha producido un aumento de la delincuencia transnacional, un desplazamiento masivo, grave inseguridad alimentaria, volatilidad económica y escalada de violencia, «en particular los continuos ataques aéreos militares contra la población civil».

En este sentido, ha condenado «enérgicamente todas las formas de violencia» y ha instado a todas las partes a «ejercer la máxima moderación», respetar el Derecho Internacional, y permitir el acceso seguro y sin trabas tanto de Naciones Unidas como de sus asociados para «prestar ayuda humanitaria y servicios esenciales a todos los necesitados».

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha considerado que el proceso electoral orquestado por la junta «solo ha servido para exacerbar la violencia y polarización social».

«Después de que los militares arrebataron el poder al gobierno elegido democráticamente, Birmania perdió media década de paz y desarrollo. La profunda y generalizada desesperación que sufre el pueblo birmano no ha hecho más que agravarse con las recientes elecciones organizadas por los militares», ha declarado.

«Durante cinco años, el Gobierno militar se ha caracterizado por la represión de la disidencia política, arrestos arbitrarios masivos, reclutamiento arbitrario, vigilancia generalizada y limitación del espacio cívico. Ahora, el Ejército busca consolidar su gobierno mediante la violencia tras obligar a la gente a acudir a las urnas. Esto no podría estar más lejos de un gobierno civil», ha criticado.