Amnistía y Human Rights First urgen a Polonia dejar de «cooperar» con las prácticas «antiinmigrantes» de Trump

Ambas ONG piden «localizar» a los implicados y «garantizar» la protección contra las devoluciones

Las ONG Amnistía Internacional (AI) y Human Rights First (HRF) han instado este miércoles a las autoridades polacas a «poner fin» a la «cooperación» del Gobierno del país con las «deportaciones masivas ilegales» de población inmigrante, ejecutadas, según han subrayado, por la Administración estadounidense.

Lo han hecho a través de una carta conjunta dirigida al vice primer ministro y responsable de la cartera de Interior de Polonia, Marcin Kierwinski, en la cual le han urgido a «poner fin» a la «cooperación del Gobierno polaco con las deportaciones masivas ilegales de comunidades de inmigrantes», impulsadas desde Washington, al tiempo que han reivindicado una indemnización para las personas «deportadas por la fuerza».

A ese respecto, ambas organizaciones han precisado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) «pasó por aeropuertos polacos y atravesó territorio» del país europeo «durante al menos dos operaciones» para «expulsar a más de 50 personas a Ucrania –una zona en guerra activa– en noviembre de 2025 y marzo de 2026».

Se suma a ello que, según han lamentado, «desde que se envió la carta, otro vuelo del ICE con un número desconocido de personas a bordo ha aterrizado en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, en el sureste de Polonia, el 30 de abril de 2026, lo que supone otro traslado de ucranianos» a través del país.

Tras pedir a la Administración que detenga su colaboración con las «prácticas antiinmigrantes» y las «violaciones del Derecho Internacional de la Administración Trump», la propia directora de AI Polonia, Anna Blaszczak-Banasiak, ha recordado que el país «ha estado del lado de Ucrania desde que Rusia inició su guerra de agresión, proporcionando protección temporal a casi un millón de refugiados ucranianos».

«Polonia no debería participar en estas operaciones ilegales que separan a las familias, dividen a las comunidades y ponen en peligro la vida de las personas» ha defendido Blaszczak-Banasiak.

Razonamiento similar ha seguido la directora ejecutiva y presidenta de HRF, Uzra Zeya, quien ha considerado que Polonia, que ha ofrecido un «generoso refugio a tantos refugiados ucranianos, debería negarse a facilitar los crueles traslados forzosos de la Administración Trump», los cuales, ha alertado, suponen el envío «de vuelta» de ucranianos «a circunstancias que ponen en peligro sus vidas».

UNA MISIVA SIN RESPUESTA

Según han reseñado AI y HRF, la misiva fue enviada a las autoridades polacas el pasado 17 de abril de este mismo año. No obstante, al no obtener respuesta alguna a la misma, decidieron publicarla. En ella se exponen las preocupaciones de ambas ONG sobre dos operaciones realizadas desde Phoenix, capital del estado estadounidense de Arizona, hasta el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka.

Específicamente, citando datos recopilados por el ICE Flight Monitor de HRF, el 17 de marzo de este mismo año, «dos vuelos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos aterrizaron en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka con varios ciudadanos ucranianos a bordo, cuyo paradero se desconoce actualmente».

Antes de eso, el 18 de noviembre de 2025 otra aeronave del ICE arribó a Polonia, siendo trasladadas las 50 personas que viajaban a bordo al puesto fronterizo de Shehyni-Medyka y conducidas a Ucrania.

En otro incidente acaecido el 18 de agosto de 2025, el ICE anunció la expulsión de un «número no revelado de ciudadanos ucranianos de vuelta a Ucrania, publicando dos fotos en X», una publicación que, asegura el Gobierno polaco, «ha sido eliminada».

Al hilo, AI y HRF han señalado que, de acuerdo con el Derecho Internacional, Polonia «tiene la obligación de no expulsar ni devolver a personas a lugares donde su vida o su libertad puedan correr peligro», a la par que han advertido «en repetidas ocasiones» de que «las condiciones en Ucrania no son actualmente seguras para el retorno, aunque es de esperar que un gran número de ucranianos pueda regresar a salvo a su país en el futuro, una vez que cambie la situación sobre el terreno».

En última instancia, ambas organizaciones han pedido al Ejecutivo polaco que defiendas los Derechos Humanos, la justicia y la dignidad de todas las personas, al tiempo que han subrayado la importancia de que sean investigados estos «incidentes», así como de «localizar a las personas imputadas y garantizar que estén protegidas contra la devolución, que sean tratadas con dignidad y que se les proporcione un recurso efectivo».