Amnistía denuncia que Israel ha ampliado el «desplazamiento forzoso» de civiles en Líbano desde 2024

MADRID 17 Jun. –

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles que las autoridades de Israel han continuado extendiendo el «desplazamiento forzoso» de cientos de miles de personas en todo Líbano, decenas de ellas en el sur del país, a través de órdenes «ilegales» de evacuación «masiva» y de «no retorno» emitidas por el Ejército israelí, lo que, ha recordado constituye un «crimen de guerra».

«En grandes partes del sur de Líbano, las órdenes de ‘evacuación total’ de Israel fueron seguidas de órdenes de ‘no retorno’. El desplazamiento forzado y la prohibición de regresar impuesta por Israel, que afecta a decenas de miles de civiles del sur de Líbano, constituye desplazamiento forzoso, que es una infracción grave del IV Convenio de Ginebra y, por tanto, un crimen de guerra», ha denunciado en un comunicado la directora adjunta de AI para Oriente Próximo y el norte de África, Kristine Beckerle.

La ONG ha denunciado, asimismo, que el Ejército israelí ha aumentado el número de órdenes de «no retorno» con las que prohíbe «indefinidamente» el regreso de civiles a sus hogares en el sur de Líbano, incluido en la zona de seguridad declarada «unilateralmente» por Israel y que abarca ya el 6% del territorio libanés. En este sentido, ha recordado que ya en noviembre de 2024 esta área suponía el aproximadamente el 4,6% de Líbano.

El Ejército de Israel ha «sometido» en 2026 a muchas más personas, con mucha más frecuencia, a una avalancha de órdenes ilegales» de «evacuación» masiva mientras seguía adelante con su plan de destruir más viviendas e infraestructura civil y despoblar grandes partes del sur» de Líbano, ha determinado Amnistía Internacional tras recopilar las órdenes emitidas desde 2024 por las fuerzas israelíes, entrevistar a una veintena de personas desplazadas de las «zonas de seguridad» y analizar información pública.

«En 2026, igual que en 2024, las órdenes indiscriminadas de Israel se emitieron sin medidas para garantizar el bienestar y la seguridad de las personas evacuadas, no facilitaban información ni orientación significativas para que la población civil tomara decisiones informadas sobre si huir y durante cuánto tiempo, y nunca fueron revocadas, ni siquiera después de que cesaran las hostilidades en las zonas sometidas a estas órdenes, tal como exige el Derecho Internacional Humanitario», ha señalado Beckerle.

La representante de Amnistía, que ha lamentado los efectos «devastadores» de los combates entre el Ejército de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá sobre la población libanesa en estos dos años y medio, ha reclamado la retirada «inmediata» de las tropas israelíes del país vecino «en lugar de desarraigar forzosamente a las comunidades». «Israel debe permitir que las personas desplazadas regresen sin riesgos y libremente a sus tierras y ofrecer una reparación a las víctimas de sus violaciones del Derecho Humanitario, incluidas aquellas cuyas casas ha destruido ilegalmente», ha insistido.

La ONG se ha puesto en contacto con el Ejército de Israel, que «ha negado que esté emitiendo órdenes de evacuación obligatoria» y afirmado que estas en su lugar son «alertas anticipadas a la población civil» que describe como «recomendaciones», si bien Amnistía ha defendido que estas órdenes de evacuación «no constituyen alertas anticipadas efectivas».

Al hilo, la organización ha recordado que esta misma semana, tras conocerse que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo para el cese de las hostilidades en la región, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que sus efectivos «permanecerán en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza sin límites temporales».

A este desplazamiento forzoso, se suma la «destrucción generalizada» que lleva a cabo el Ejército israelí dentro de la zona de no retorno desde 2024, una operación «deliberada», según denunció entonces Amnistía.

«En 2026, imágenes del satélite Sentinel 2 mostraban casi a escala real el borrado de casi todos los municipios situados a lo largo de la frontera (…) que Amnistía había analizado en 2024. Anteriormente, algunas estructuras aisladas y partes de los pueblos pudieron permanecer intactas. Ahora, casi todas habían sido arrasadas y la grave destrucción se ha extendido a municipios situados más en el interior de la zona de no retorno», ha indicado.