Amnistía denuncia la destrucción «deliberada» de más de 10.000 estructuras en el sur de Líbano por Israel

MADRID 26 Ago. –

Amnistía Internacional ha denunciado este lunes que el Ejército israelí ha destruido o dañado «gravemente» más de 10.000 estructuras en el sur de Líbano, unos hechos que ha cometido incluso después de alcanzar un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024 y por los que la ONG ha pedido que sean investigados como «crimen de guerra».

«Las tropas israelíes han dejado deliberadamente una estela de devastación en sus movimientos por la región. Su flagrante desprecio de las comunidades que han destruido es abominable. La destrucción generalizada y deliberada por las fuerzas armadas israelíes de bienes de carácter civil y tierras agrícolas en el sur de Líbano debe ser investigada como crimen de guerra», ha declarado la directora de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, al considerar que el Ejército israelí ha cometido estos actos «de forma intencionada o temeraria».

La ONG ha hecho estas declaraciones tras documentar cómo el Ejército israelí ha hecho uso de «explosivos de colocación manual y excavadoras para devastar estructuras civiles, incluidas casas, mezquitas, cementerios, carreteras, parques y campos de fútbol, en 24 municipios» en el país vecino, una investigación recogida en su informe «Sin retorno: la extensa destrucción del sur del Líbano por parte de Israel» en el que ha denunciado que «gran parte» de las más de 10.000 estructuras gravemente dañadas o destruidas entre el 1 de octubre de 2024 y el 26 de enero de 2025, tuvieron lugar después de la entrada en vigor de la tregua pactada entre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Amistía ha denunciado asimismo que las tropas israelíes han llevado a cabo esta destrucción pese a que «ya habían tomado el control de las zonas, es decir al margen de acciones de combate», convirtiendo «en inhabitables zonas enteras y arruinado innumerables vidas» en el sur de Líbano. En este sentido, ha recordado que el Derecho Internacional «prohíbe la destrucción de bienes civiles a menos que esté justificada por una necesidad militar imperiosa», un motivo este último que la ONG ha negado ver en los ataques israelíes abordados en su informe para los que ha utilizado «abundantes pruebas visuales -incluidos 77 vídeos y fotografías verificados e imágenes de satélite-«.

«Las pruebas incluían vídeos en los que soldados israelíes colocan manualmente explosivos en el interior de viviendas, destrozan vías públicas y campos de fútbol y arrasan parques y lugares religiosos. En algunos vídeos, los soldados se filmaron celebrando la destrucción con cánticos y aclamaciones», ha agregado sobre una investigación para la que también ha reunido «declaraciones difundidas por las fuerzas armadas israelíes y Hezbolá en sus canales oficiales y analizado noticias y datos recopilados (…) y entrevistado a once residentes de localidades fronterizas del sur de Líbano».

En esta línea, Amnistía ha desmentido las declaraciones realizadas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al iniciar la invasión terrestre de Líbano a principios de octubre cuando aseguraron que se trataban de «ataques localizados, limitados y selectivos (…) contra objetivos e infraestructuras terroristas de Hezbolá», puesto que en su informe ha revelado «una enorme destrucción en la práctica totalidad de los 120 kilómetros de la frontera meridional con Israel», siendo los municipios de Yarin, Bustane y Dhayra, en el distrito de Tiro, los más afectados con cerca del 70 por ciento de sus edificios destruidos.

En esta última localidad, las tropas israelíes destruyeron, entre el 4 de octubre de 2024 y el 30 de enero de 2025, 264 edificios -el 71 por ciento del total de estructuras de Dhayra- y arrasaron unas 18 hectáreas de terreno agrícola. Además, En Kfar Kila, más de 1.300 edificaciones y 54 hectáreas de huertos resultaron gravemente dañadas o destruidas entre el 26 de septiembre de 2024 y el 27 de enero de 2025, según las imágenes de satélite; una cifra algo menor en Aita al Shab, con 1.000 edificios destruidos. Mientras en Marun al Ras, las FDI han dañado 700 edificios y en Odeisseh, más de 580, incluidos una mezquita y un cementerio.

Con estos datos, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Israel a «proporcionar reparaciones sin demora, completas y adecuadas a todas las víctimas de violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de crímenes de guerra, tanto a título individual como a comunidades enteras» y al Gobierno libanés a «explorar con carácter inmediato todas las posibles vías legales, entre ellas establecer un mecanismo de reparación nacional y reclamar reparación a las partes en el conflicto» y llevar el caso al Tribunal Penal Internacional (TPI) para que investigue y enjuicie los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos en su territorio,