Al menos cinco ministros, entre ellos la jefa de gabinete, del nuevo Gobierno de Perú están bajo investigación

MADRID 27 Feb. –

El nuevo gabinete de la primera ministra de Perú, Denisse Miralles, tiene al menos cinco ministros investigados debido a diversas irregularidades, ella misma incluida, por presuntos delitos ambientales cuando estuvo al frente de una agencia de inversión, con la misión ahora de lograr el voto de confianza del Congreso.

El equipo de gobierno de Miralles generó la primera polémica en el mismo momento en el que tomó posesión, después de que el primer elegido para liderarlo, Hernando de Soto, fuera descartado dos días después de ser anunciado por diferencias con el presidente de Perú, José Bálcazar, octavo jefe de Estado en diez años.

Las investigaciones que atañen al equipo de Gobierno de Miralles alcanzan a los nuevos titulares de las carteras de Justicia, Vivienda, Interior y Educación y abarcan delitos que van desde la falsificación y la colusión agravada al genocidio, según ha informado la prensa peruana en bases a sus declaraciones juradas.

El ministro del Interior, Hugo Begazo, está bajo investigación por la supuesta falsificación de un documento público. Se le acusa de haber firmado una declaración jurada a favor del saneamiento de una comisaría del distrito limeño de Santa Anita cuando se desempeñaba como responsable de Policía.

El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, acumula hasta tres investigaciones en la Fiscalía, una de ellas por colusión agravada y otras dos por aprovechamiento indebido del cargo, además de otras tres que finalmente fueron archivadas. Asimismo, tuvo varios expedientes por infracciones del código ético en la administración, que derivaron en procesos disciplinarios.

El más prolífico de todos ellos es el ministro de Vivienda, Wilder Alejandro Quilcate, con hasta seis procesos abiertos por usurpación de funciones, aprovechamiento indebido del cargo con o lavado de dinero.

La nueva titular de Medio Ambiente, Nelly Paredes del Castillo está siendo investigada por posible omisión de funciones y por un delito de genocidio, en relación a su supuesta responsabilidad como ministra de Desarrollo Agrario durante el mandato de la expresidenta Dina Boluarte, en la ola represiva de las protestas de 2022 y 2023 que dejaron más de medio centenar de muertos.

Por otro lado, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, fue denunciado en 2013 por una presunta agresión sexual, aunque el caso fue archivado. Mientras, el titular de Economía, Gerardo López Gonzáles, afirmó no tener ninguna denuncia en vigor, aunque dijo tener conocimiento de investigaciones que le imputan delitos fiscales, pero de los que dispone de «información al detalle».

A todos ellos se les suma una ristra de ministros con denuncias archivadas de todo tipo, como son los casos de los ministros de Salud, Luis Napoléon Quiroz, en un caso de sobornos; de Cultura, Fátima Altabas; de Producción, César Quispe Luján, que llegó a tener hasta diez causas abiertas.

La propia Miralles, además de esta causa abierta por delitos ambientales, ya fue investigada por lavado de dinero y otros delitos de corrupción.

La nueva primera ministra ha de enfrentarse en los próximos días al voto de confianza del Congreso, donde algunas fuerzas parlamentarias ya han adelantado que no se lo concederán, después de la sorpresiva salida de Hernando de Soto, que responde, según sostienen, a un nuevo «reparto mafioso» de poder.