Vox cumple un año fuera de los gobiernos autonómicos del PP, pero sigue condicionando sus políticas

La gestión de la inmigración ilegal fue el origen del divorcio y ahora vuelve a marcar distancias

La decisión de Santiago Abascal de romper los gobiernos de coalición con el PP en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia y de dejar de prestar apoyo externo a los ‘populares’ en Baleares cumple este viernes un año, pero Vox continúa siendo decisivo en estas autonomías. A nivel nacional, las relaciones entre los dos partidos no se han engrasado y el líder del PP, Alberto Núñez, proclama que no quiere ministros de Vox en su gobierno.

Los gobiernos de coalición autonómicos fueron resultado de las elecciones del 28 de mayo de 2023 y, en algunos casos, no fue fácil alumbrarlos. Algunos barones ‘populares’, como el valenciano Carlos Mazón, asumieron deprisa que si querían gobernar debían integrar a Vox, pero otros, como la extremeña María Guardiola, tenían más reparos y trataron de evitarlo. Al final se logró el acuerdo en todas aquellas en las que se requería y Vox entró en los ejecutivos autonómicos con vicepresidencias y consejerías, según el peso logrado en las urnas.

Las relaciones se enconaron por la crisis migratoria en las Islas Canarias, que hizo que el Gobierno de Pedro Sánchez planteara la necesidad de distribuir a los menores migrantes que llegaban a territorio canario por la Península, para aliviar su carga. Vox se opuso frontalmente al reparto y urgió a su socio de gobierno a no aceptar a ningún menor migrante en esas comunidades. Cuando el PP abrió la puerta a aceptarlos, Abascal consumó su amenaza y aseguró que Vox pasaría a ser una oposición «leal y contundente» en esas regiones.

Un año después, el PP ha sufrido las consecuencias de gobernar en minoría sobre todo a la hora de sacar adelante los presupuestos autonómicos, habida cuenta de que necesita el voto favorable de Vox. De hecho, de las cinco comunidades más Baleares, los ‘populares’ han logrado pactar las cuentas públicas regionales en la Comunidad Valenciana, Murcia y las islas, pero no en Aragón, Castilla y León y Extremadura.

Vox se congratula de hacer valer el peso que los electores le otorgan en las urnas e ir a las negociaciones con condiciones que representan el núcleo de sus posicionamientos políticos. Para alcanzar pactos que permitieran aprobar las cuentas autonómicas, Vox trasladó al PP que debían renunciar a las políticas verdes y a las que, a su juicio, favorecen la inmigración irregular.

La respuesta del PP ha sido desigual. Mazón fue el primero de los barones autonómicos en asumir varias de las medidas de los de Abascal en materia de inmigración y políticas climáticas, y lo hizo ya esta primavera, tras quedar en una posición muy debilitada por la gestión de la dana que dejó más de doscientos muertos.

Cuando Mazón anunció el acuerdo, cargó contra el Pacto Verde Europeo y llamó a «la acción» contra él por sus medidas «que van directamente contra la esencia de la economía española y el sector primario», y afirmó que la Comunidad Valenciana «tiene un problema» con la inmigración ilegal. Los presupuestos valencianos recortan fondos para la Acadèmia Valencia de la Llengua (AVL) e incluyen medidas para la «reagrupación familiar» de menores migrantes.

Tras él vinieron Marga Prohens y Fernando López-Miras, que dieron respuesta a varias reclamaciones de Vox en torno a la lengua, la inmigración irregular, el Pacto Verde europeo y memoria democrática. En el caso de Castilla y León, los presupuestos no eran urgentes porque la comunidad celebra elecciones en 2026, mientras que en Extremadura la relación de Guardiola con los de Abascal nunca ha sido buena. La negociación está encallada desde el principio.

Pero Vox no solo ha condicionado las cuentas de ciertas autonomías. También ha sido capaz de hacer que el PP se retracte de ciertas decisiones. El último ejemplo se encuentra precisamente en Murcia, donde el Gobierno de López-Miras ha tenido que dar marcha atrás en un proyecto de compra de viviendas para acoger menores migrantes, después de que Abascal amenazara con dejar caer los presupuestos de no hacerlo.

Las relaciones de PP y Vox a nivel nacional no pasan por su mejor momento. Abascal endureció el tono contra Feijóo a raíz de la ruptura autonómica y en sus intervenciones suele dedicar casi el mismo tiempo para atacar a su exsocio que en recriminar al Gobierno y al PSOE. Centra sus reproches en que la oposición de los ‘populares’ al Ejecutivo de Pedro Sánchez es insuficiente y, de hecho, ha pasado a equiparar las políticas de unos y de otros.

Abascal dispara contra el bipartidismo y los acuerdos que, según denuncia, mantienen. Y cita como ejemplos los pactos alcanzados para renovar instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, entre otras. Además, suele pedir a Feijóo que rompa los acuerdos que tiene con el PSOE en Bruselas, según dice.

En los últimos días, las tensiones se vuelven a incrementar, esta vez por la política de pactos y alianzas que Feijóo quiere desplegar con vistas a las próximas elecciones, que aún no están convocadas y podrían demorarse hasta dos años. Su «compromiso», proclamado en el Congreso Nacional del PP celebrado el fin de semana pasado, es gobernar en solitario abriéndose a pactos con Vox, Junts y puntualmente con un PSOE sin Pedro Sánchez. Lo que reclama Feijóo es lograr diez millones de votos para gobernar en solitario.

Vox critica las voluntades del PP, pero pone el foco en que Feijóo ya se da por ganador de las hipotéticas elecciones y, a su juicio, comete el «mismo» y «gigantesco» error que cometió el 23J. «Están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo», advierten. Sobre no permitir a Vox formar parte de ese presunto Ejecutivo, Abascal lo tiene claro: «no quiere ministros de Vox porque quiere una coalición con el PSOE».

El último choque se ha vuelto a producir por la gestión de la inmigración ilegal, precisamente la causa principal del divorcio de hace un año. Vox ha querido dejar claro que su prioridad es deportar a «millones» de extranjeros que entraron ilegalmente en España, a los que delinquen y a los menores, pero el PP ha marcado distancia subrayando que la legislación lo impide y que no se les puede negar servicios sociales como la atención sanitaria.