Víctimas de la dana pedirán amparo al TC ante la decisión de la Audiencia de no investigar la limpieza de barrancos

VALÈNCIA 21 May. –

Víctimas de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC) ante la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de no investigar la limpieza de barrancos y su relación con la riada.

Así lo ha manifestado la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia, personada en el procedimiento penal que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), tras un auto de la Audiencia que respalda las decisiones tomadas por la magistrada instructora.

En concreto, el tribunal, en su resolución, desestima el recurso planteado por la asociación en relación a las lesiones psíquicas de afectados. Señala que «la lesión psíquica como resultado directo de una acción voluntaria encaminada a conseguir este propósito tiene que ser la consecuencia final de una acción que normalmente no se agota en un sólo acto sino en una conducta metódica, constante, fría y calculada que coloque a la víctima en una situación de ansiedad que afecte a su estabilidad y salud mental».

De esta forma, el tribunal entiende que, para tener una lesión psíquica, los afectados deben de haber sufrido una conducta metódica, fría y calculada por parte de la riada que asoló el Horta Sud. «Y como esta no fue ni metódica ni calculada, aunque fría sí, pues el agua estaba congelada, los afectados y afectadas que tienen secuelas psicológicas por haber visto morir a sus convecinos, haber luchado por sus vidas durante horas, haber defendido sus casas o negocios de la riada, haber socorrido a otras personas y muchas otras situaciones parecidas, no pueden tener secuelas psicológicas», han lamentado.

Por otro lado, en cuanto a la solicitud de la asociación de la comisión de un delito por omisión del deber de mantener los cauces y barrancos limpios, el tribunal también lo desestima.

Al respecto, la Audiencia señala que entre la omisión del mantenimiento adecuado de los cauces o de la ejecución de obras de ampliación o desvío de cauces y los daños provocados por la dana, «tampoco existe una relación de equivalencia de manera que la omisión de tales obras implicara la causación de los daños –personales y materiales–«.

A su entender, «entre la omisión y el resultado, intervino la aparición de un suceso meteorológico explosivo que dio lugar a precipitaciones extraordinarias en un corto lapso de tiempo; la gestión de la situación provocada por dichas lluvias permitía consecuencias diversas, cursos causales distintos, con potencialidad modificadora de cada concreto evento dañoso. Así pues, no puede haber relación de equivalencia entre la no adopción de las medidas de mantenimiento de cauces y/o modificación de los mismos y la producción de cada concreto daño», estima.

En cuanto al envío del mensaje del ES-Alert con antelación, el tribunal señala que la asociación no precisa en qué mensaje, ni a qué hora, hubieran permitido minimizar o evitar daños materiales. «Ni cómo cabría, de haberse actuado con antelación, haber compatibilizado mensajes de protección de bienes materiales susceptibles de ser salvados de la inundación, con la debida protección de bienes jurídicos prioritarios –la vida, la integridad física de las personas–«.

Desde la asociación han mostrado su «asombro» ante esta argumentación de la Audiencia, «en la que los magistrados parecen no saber qué mensaje se debería haber enviado, cuando todos los afectados y afectadas por la riada del 29 tienen claro que un mensaje que avisara de la llegada inminente de una riada habría salvado vidas. No se trata de la redacción exacta del mensaje, se trata de la seriedad y antelación que la situación requería por parte de las autoridades», ha dicho.

«El auto sí parece reconocer el delito de omisión de socorro por parte de las autoridades competentes, ya que los afectados/as estuvimos durante días abandonados esperando ayuda, delito que debe ser investigado de forma independiente, según indica», añade.

Con todo, desde la asociación se ha avanzado que plantearán un recurso de amparo ante el tribunal Constitucional contra este auto, que consideran en algunos aspectos «injusto, desacertado y lesivo» para las víctimas.