Vicepresidente de Aragón pide a Fiscalía actuar tras una nueva agresión a una educadora social por un menor migrante

ZARAGOZA 22 Jul. –

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), ha exigido a la Fiscalía actuaciones tras una nueva agresión que ha sufrido una educadora social de 27 años, trabajadora de un centro de menores extranjeros no acompañados de Zaragoza, por parte de un presunto interno de 17 años.

Según ha informado el ejecutivo aragonés en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar en el centro de CAIIMA de Movera (Zaragoza) hace dos noches y requirió la presencia policial ante la «gran agresividad» del joven de origen magrebí que fue detenido.

El joven profirió supuestamente amenazas «de muerte» y de contenido sexual hacia la educadora. «Tu cara es muy pequeña, te la voy a chafar contra la pared y te voy a sacar los ojos con mis dedos», han sido algunas de las amenazas que recoge la nota de prensa del gobierno aragonés.

Desde la vicepresidencia del Gobierno autonómico han recordado que «este gravísimo incidente» se ha producido tras semanas en las que la educadora social «ha sido sometida a un continuo y agresivo acoso por parte de este interno» y que constan «en la denuncia». La educadora se encuentra de baja a consecuencia de los hechos después de requerir asistencia sanitaria.

Tras ser conducido a dependencias policiales en calidad de detenido, el supuesto agresor ha vuelto a quedar en libertad, según la vicepresidencia autonómica y, «como medida de seguridad», la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno aragonés, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ha trasladado al joven a otro centro de menores situado fuera de Zaragoza.

En paralelo, el departamento ha dispuesto un «estrecho seguimiento del caso para prestar apoyo y asistencia a la víctima y explorar todas las medidas legales posibles para reclamar responsabilidades penales».

La consejería confía en que la Fiscalía intervenga en el mismo sentido, dada «la gravedad y reincidencia de los hechos» y autorice a la máxima rapidez la práctica de las pruebas biológicas de edad.

«No puede ser que un inmigrante ilegal supuestamente menor de edad se desenvuelva con total impunidad en la comisión de hechos de este calibre, que someta a una joven trabajadora a agresiones físicas y verbales reincidentes, y que encima se beneficie de un sistema de protección social que sale carísimo a los españoles», ha denunciado Nolasco.