Transparencia informa al Congreso de su actividad desde 2024 y de los incumplimientos de la administración

Las reclamaciones ante el Consejo subieron un 60% en el primer semestre, el 70% contra ministerios u entidades estatales

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Concepción Campos Acuña, comparecerá este martes ante la Comisión de Hacienda del Congreso para informar sobre las memorias del organismo correspondientes a 2024 y 2025 relativas a sus actividades y al grado de cumplimiento de la ley por parte de la Administración General del Estado, incluyendo el Gobierno y los demás organismos públicos.

Según los últimos datos dados a conocer por el CTBG, las reclamaciones presentadas por personas disconformes con la respuesta o con el silencio de la administración a sus solicitudes de información se han incrementaron en un 60% en el primer semestre de 2026, con respecto al mismo periodo del año anterior, y casi el 70% de las mismas se presentaron ante la negativa de ministerios o entidades públicas estatales a proporcionar los datos solicitados.

En concreto, la autoridad independiente encargada de velar por la transparencia pública recibió en el nivel estatal un total de 1.758 reclamaciones, de las cuales 1.211 (el 68,8%) corresponden a quejas contra ministerios y entidades públicas estatales.

El resto de las reclamaciones recibidas (547 expedientes) se presentaron frente a las administraciones, organismos y entidades de ámbito autonómico y local de las comunidades autónomas que han atribuido al consejo el ejercicio de la competencia en esta materia mediante el correspondiente convenio.

EL AÑO PASADO SE INCREMENTARON UN 40%

Este incremento confirma la tendencia al alza en la entrada de expedientes de ciudadanos que recurren al consejo para que este garantice su derecho de acceso a la información pública. En 2025, según recoge la Memoria de Actividad de la institución, se recibieron 2.767 reclamaciones, un 40% más que el ejercicio anterior.

Pero desde el consejo denuncian que, mientras las reclamaciones no hacen más que crecer el organismo sigue funcionando con la misma plantilla y los mismos recursos desde 2023, el último año en el que hubo Presupuestos Generales del Estado. En concreto, cuentan con una treintena de personas y un presupuesto de 3,38 millones de euros.

Para la presidenta del consejo, Concepción Campos Acuña, el crecimiento sostenido de reclamaciones confirma el afianzamiento de la cultura de transparencia en la ciudadanía, pero evidencia también una «realidad ineludible»: que la «función de garantía que realiza el Consejo del derecho a saber, clave en democracia, no puede sostenerse indefinidamente con los medios actuales».

EXPEDIENTES CADA VEZ MÁS COMPLEJOS

En este contexto, hace hincapié en que necesitan más recursos para poder afrontar este creciente volumen de trabajo y «garantizar el derecho de acceso en plazo y con calidad». Además, Campos destaca que «la complejidad material de los expedientes también va en aumento» con la progresiva aparición de nuevas demandas de información pública por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, y su creciente uso por parte de la Administración.

Además de garantizar el derecho de acceso a la información pública mediante la resolución de reclamaciones de la ciudadanía en esta materia, el consejo realiza otras muchas funciones: evalúa el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de entidades públicas y privadas, elabora criterios interpretativos y recomendaciones que ayuden a la aplicación de la ley, atiende consultas que le formulan los sujetos obligados e impulsa y participa en acciones de formación y sensibilización a empleados públicos, entre otras.

La presidenta del CGTB, doctora en Derecho y especialista en gestión pública, fue nombrada para el cargo la pasada primavera y, durante su comparecencia en la Cámara antes de recibir el aval para el nombramiento reclamó sanciones las administraciones que incumplan la ley y desoigan las resoluciones del organismo que preside.

«Si los ciudadanos y ciudadanas tienen que cumplir las leyes, las Administraciones todavía más. Debemos diseñar un régimen de infracciones y sanciones proporcionado», defendió entonces, a la vez que planteó la necesidad de actualizar la ley, que ya lleva diez años en vigor, para garantizar la «ejecutividad real de las resoluciones».

BALANCE AGRIDULCE

A su juicio, el balance de la aplicación de la ley en cuanto a la publicidad activa es «agridulce», pues muchas administraciones la entienden como un «mero trámite». «No puede ser acumular documentos en la web, puros PDF, hay que añadir valor a la transparencia, revisar qué publicamos, cómo publicamos y con qué finalidad», explicó.

Además, considera que hay que mejorar el acceso a la información, pública superando las «inercias reestrictivas» que llevan a la administración a ofrecer a la ciudadanía «respuestas muy formalistas» y acortando los tiempos de contestación.

Durante su primera intervención en el Congreso, Campos Acuña también abogó por reforzar la institución, con más medios, pero también incrementando su cooperación con sus equivalentes territoriales.