Sumar y ERC exigen que Interior garantice el acceso a sus archivos y envíe a Cultura sus documentos históricos

Los independentistas piden que se digitalicen los fondos relativos a la dictadura franquista y que se puedan consultar en línea

Sumar, que forma parte del Gobierno, y ERC, uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez, quieren que el Ministerio del Interior garantice el acceso publico a los fondos de sus archivos y que envíe a Cultura aquellos documentos que tengan carácter de históricos.

Así lo han planteado en el Congreso mediante sendas iniciativas parlamentarias, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que registraron tras conocer las quejas del ámbito académico y de víctimas de la dictadura sobre las dificultades para acceder a los documentos del Archivo General del Ministerio de Interior (AGMI), donde aún se custodian fondos del antiguo Ministerio de Gobernación.

Ambos denuncian dificultades para la localización de una información que, a tenor de lo que marca la ley, deberían haberse transferido a los archivos históricos dependientes de Cultura, limitaciones en el acceso a los mismos por culpa de una «regulación interna obsoleta y restrictiva» que contradice la Ley de Transparencia y la de Memoria Democrática, y dilaciones excesivas en los plazos de respuesta a las solicitudes de consulta, superando los límites legales establecidos.

En su proposición no de ley, que se debatirá el martes en la Comisión de Interior del Congreso, ERC recuerda que la Ley del Patrimonio Histórico fija en 50 años el plazo general para la libre consulta, con las debidas garantías de protección de datos personales.

El diputado Francesc Marc Álvaro Vidal recalca que la reciente conmemoración del medio siglo del inicio de la Transición «debería haber supuesto la plena apertura de la mayor parte de la documentación generada durante la dictadura franquista», pero no ha sido así, pues «persisten obstáculos significativos que dificultan el acceso efectivo a estos fondos».

Es más, habla de «un escenario de opacidad incompatible con los estándares democráticos y con las obligaciones legales del propio Estado», y más aún cuando se habla del ministerio que se encargó de «la represión política y policial» en la dictadura

«Esta opacidad choca con las supuestas intenciones del principal partido del Gobierno en relación con lo respectivo a la recuperación de la memoria democrática con la reciente desclasificación de documentos relativos al 23F», añade, incidiendo en la necesidad de que se tomen medidas para garantizar la correcta custodia de la documentación y su acceso en condiciones de igualdad respecto al resto de archivos públicos.

En este contexto, ERC demanda la transferencia «progresiva y completa» de la documentación histórica custodiada en el Archivo General del Ministerio del Interior a los archivos históricos competentes, en cumplimiento de la normativa archivística vigente.

También reclama adaptar las normas internas del archivo a lo previsto en las leyes de Transparencia y Memoria, que se cumplan los plazos legales de respuesta a las solicitudes de acceso, que se permita el acceso público a los instrumentos de descripción archivística facilitando la localización de los fondos y que se rinda cuentas sobre todos estos asuntos.

Esquerra también cree oportuno que es impulse un plan específico de digitalización y acceso en línea de los fondos documentales relativos a la dictadura franquista, priorizando aquellos de mayor relevancia para la investigación histórica y la reparación de las víctimas.

De su lado, la portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comunes, Aina Vidal, ha presentado una serie de preguntas parlamentarias para conocer si Interior está al tanto de las quejas de investigadores y víctimas, y de las posibles vulneraciones de la normativa sobre memoria democrática, transparencia y patrimonio histórico.

Vidal denuncia que hay investigadores que se han quejado de que reciben documentos en los que se han ocultado nombres de presos, funcionarios o directores de prisiones y pide explicaciones al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska.

«¿Está el Ministerio censurando parte de los documentos que se entregan al personal investigador, académico o a las familias solicitantes ocultando información necesaria para realizar su labor?», inquiere directamente la diputada de Sumar, antes de exigir que se tomen «medidas inmediatas» para poner fin a esta situación.