Sumar registra una reforma en el Congreso para reconocer a las víctimas del Patronato de la Mujer hasta 1985

MADRID 1 Mar. –

Sumar ha registrado en el Congreso una reforma de la Ley de Memoria Democrática con el objetivo de que se reconozca como víctimas a las mujeres que fueron recluidas en el Patronato de Protección de la Mujer durante el franquismo y también en los primeros años de la democracia, en concreto hasta 1985, año hasta el que estuvo funcionando esta institución.

Para plantear este retoque en la Ley de Memoria, el grupo minoritario del Gobierno de coalición ha aprovechado la tramitación de una proposición de ley del PSOE sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas.

El reconocimiento y la reparación a las mujeres víctimas del Patronato es una reivindicación de las formaciones de izquierdas que han logrado en varias ocasiones que la Comisión de Igualdad de la Cámara inste al Gobierno a dar pasos en este sentido.

Ahora, Sumar quiere aprovechar la tramitación de la citada ley sobre inclusión laboral para introducir una nueva disposición final en la Ley de Memoria que de el estatus de víctimas a las jóvenes que ingresaron en el Patronato.

Con su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, persigue que sean reconocidas como tales las mujeres que fueron «internadas, privadas de libertad o sometidas a prácticas vejatorias, coercitivas o represivas» por el Patronato de Protección a la Mujer.

Y especifica que se las considere víctimas incluso cuando los hechos tuvieran lugar «entre la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978» y la disolución del Patronato en 1985, «entendiendo que dichas prácticas fueron continuación de las dinámicas institucionales represivas desarrolladas durante el régimen franquista».

Sumar recuerda que la Ley de Memoria Democrática en su artículo 3 delimita el concepto de víctima por referencia a violaciones de derechos durante el periodo que abarca desde el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, «incorporando después una enumeración de víctimas que aunque no es exhaustiva, no altera ese marco temporal».

El grupo plurinacional destaca que la pervivencia del Patronato de Protección a la Mujer tras 1978 generó supuestos de privación de libertad y control coercitivo sobre mujeres y menores que, por producirse ya en el periodo constitucional, quedan fuera de los mecanismos de reconocimiento y reparación propios del núcleo temporal de la ley, pese a su continuidad material con patrones represivos anteriores.

Eso sí, destaca que la propia ley ya contempla que entre 1978 y 1983 pudieron producirse vulneraciones de derechos vinculadas a la consolidación democrática, y prevé un estudio específico sobre ese tramo temporal.

En su enmienda, Sumar propone una respuesta estrictamente acotada a una institución concreta, condicionada a la acreditación de continuidad represiva, evitando una extensión general del concepto de represión franquista y preservando, por tanto, «la coherencia del sistema jurídico».