Sumar plantea al PSOE que el gasto estatal de vivienda alcance los 65.000 millones hasta 2030

El socio minoritario propone conceder 58.000 millones mediante los préstamos blandos vinculados a los fondos europeos

Sumar quiere abrir una mesa de negociación con el ala socialista del Gobierno para acordar las líneas maestras del futuro Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 y reclama elevar su inversión hasta los 65.000 millones de euros, lo que equivale al 1% del PIB en vivienda pública y asequible.

Aparte, aspiran a que en el diálogo con el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez estipule otras medidas como la protección permanente de todo inmueble con calificación pública, el impulso de un parque público de alquiler con rentas asequibles entre 400 y 600 euros, potenciar la agencia pública estatal con los activos de la Sareb y que el estado sea «promotor público» dejando atrás el modelo de colaboración público-privada, que a su juicio eleva los sobrecostes.

El planteamiento del socio minoritario, recogido en un documento consultado por Europa Press, es una escalada más ambiciosa de los recursos públicos para dicho plan que la ideal que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó a las comunidades autónomas en la última Conferencia de Presidentes de dedicar 7.000 millones en vivienda por parte del conjunto de administraciones.

De esta forma, Sumar plantea añadir a ese importe la opción de dedicar otros 58.000 millones de euros por la vía de créditos blandos europeos de la estrategia Next Generation (dotada con 90.000 millones en total) hasta alcanzar los mencionados 65.000 millones. Y ya en el año 2026 pauta dedicar 16.000 millones en las actuaciones de vivienda.

Las estimaciones de Sumar es que, teniendo en cuenta las condiciones ventajosas de esta línea de crédito (sin abono de interese en diez años y descuentos en los 20 siguientes), y con el alquiler asequible en pisos de características promedio de 80 metros cuadrados, el impacto presupuestario sería neutro y la inversión se recuperaría, tal y como explica su portavoz económico, Carlos Martín.

Aparte, aspira a que se condicione la recepción de los recursos para comunidades y ayuntamientos a que el gasto se destine a cumplir los objetivos de dicho plan, en especial al despliegue del parque público de vivienda asequible.

Por ejemplo, Martín defiende que la inversión debe vehicularse en la modalidad de «fondo competitivo» con una asignación en función de los niveles de tensión del mercado inmobiliario de cada autonomía y con la opción de que si la administración no gasta esos recursos, se reasignarán a las regiones que sí cumplen con las políticas marcadas.

Otro de los ejes de la propuesta que Sumar elevará al Ministerio es que se reúnan todos los recursos inmobiliarios de titularidad pública (en manos del SEPES) a una empresa pública de vivienda, que incluya todos los pisos y suelo de la Sareb pero también de todos los organismos públicos estatal, ya sea por ejemplo Adif o el Ministerio de Defensa.

Además, Sumar fija reto la movilización de la vivienda vacía, que estima en un total de 3,8 millones de inmuebles que no están en el mercado, y para ello demanda que los ayuntamientos creen agencias públicas de alquiler asequible para volcarse en aflorar estos pisos.

Concretamente, pauta que la administración haga de «casero público» (contactando con el propietario para proponerle un alquiler social y ofrecerse a asumir todas las gestiones) y también elevar la fiscalidad de forma progresiva para los propietarios que sigan sin sacar sus viviendas como elemento disuasorio.

También Sumar marca como prioridad orillar a las inmobiliarias públicas del Plan Estatal y que la labor de promoción sea ejercida por la administración pública, al reivindicar que así se abaratan los costes. En contraposición, los fondos del PEV podrán emplearse en financiar cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro.

Otra de las medidas icónicas de Sumar es blindar el derecho de tanteo y retracto de las administraciones, desde el acceso a los fondos del plan, sobre lotes de viviendas privadas o viviendas protegidas que se puedan transar entre inmobiliarias, fondos de inversión o bancos para adquirirlas a precios descontados.

Asimismo, demanda acabar con los alquileres turísticos ilegales forzando a los consistorios a activar planes de intervención para erradicarlos en zonas de alta demanda habitacional, unido a una regulación que limite una oferta que favorece la especulación de un mercado cuyo nivel ya casi llega a 400.000 pisos. En este plano también defiende una mayor tributación de este tipo de alquiler para fomentar la modalidad habitacional.

El documento elaborado por el socio minoritario del Ejecutivo diagnostica una batería de medidas para mejorar el acceso a la vivienda, como ampliar al 40% el mínimo de edificabilidad residencial reservada en la Ley del Suelo a vivienda protegida y establecer un plazo para la edificación en suelo urbanizable y que en caso de no realizarse el terreno quedaría cedido al sector público para la construcción de vivienda.

Asimismo, Sumar insiste en alguna de sus propuestas bandera como prohibir toda compraventa de vivienda de carácter especulativo, impidiendo que en zonas tensionadas se adquieran por parte de empresas o particulares no residentes en el país. Y es que subrayan al respecto que el 11% de los inmuebles adquiridos en las provincias más pobladas de España son de no residentes, proporción que se eleva al 36% en Alicante y al 28% en Málaga.

Aparte, vuelve a pedir que los recursos estatales en vivienda estén vinculados a la aplicación de la ley estatal, así como promover un régimen sancionador para evitar su incumplimiento. Todo ello unido a la mejora del sistema de precios de referencia de alquiler o limitar las rebajas fiscales a los caseros que alquilen por debajo de estos índices en función de los salarios que se pagan.

Por ejemplo, pauta topes del alquiler en función de la renta mediana de los hogares que alquilan en cada barrio o explorar mecanismos distintos al precio, como pueda ser primar las primeras solicitudes. Además, insta a aplicar contratos de alquiler de larga duración, introducir una hipoteca de tipo fijo regulada, entre otras.

Aparte de la negociación que quieren mantener con el Ministerio de Vivienda, Sumar contempla recoger todas sus iniciativas mediante una proposición de ley en el Congreso.