Sumar pide depurar responsabilidades del «oligopolio energético» y que la red eléctrica sea 100% pública

Considera que las medidas de protección de la energía «han sido insuficientes» y exige «transparencia» para que no vuelva a ocurrir

Sumar ha reclamado que se depuren responsabilidades del «oligopolio energético», que se constituya una comisión de investigación para determinar el origen del apagón, y que la red eléctrica esté controlada al 100% por el Estado como medida para garantizar «el derecho a la energía».

Así lo recoge un comunicado de la organización en el que señalan que los acontecimientos del pasado lunes 28 de abril les obliga a «tomar la iniciativa» para que la electricidad se garantice «de manera justa», garantizando la soberanía energética española y construyendo «una Europa y un mundo más justo y mejor preparado».

Conscientes de que «es necesario analizar» las causas que llevaron a la interrupción energética en toda la Península Ibérica, ven «absolutamente fundamental» saber qué cosas han funcionado y cuáles no y que este conocimiento «sirva para mejorar nuestra red eléctrica».

No obstante, y con la información disponible hasta el momento, el socio minoritario del Gobierno ha pedido un control público del 100% de la red eléctrica, además de «depurar responsabilidades frente al oligopolio energético», exigiendo explicaciones e información «detallada» de sus actuaciones el día del apagón.

«Es imprescindible transparencia que permita garantizar que no vuelva a ocurrir. Asimismo, han de dilucidarse los motivos por los que las medidas de protección de la Red Eléctrica han sido insuficientes», reza el comunicado de Sumar.

También han solicitado una comisión de investigación sobre lo sucedido «con vistas a esclarecer responsabilidades», aunque sin determinar si quieren que se constituya en el Congreso o si ven suficiente la comisión encargada por el Consejo de Seguridad Nacional al Ministerio de Transición Ecológica y que fue anunciada por Pedro Sánchez este martes.

En este sentido, Sumar ha recalcado la necesidad de seguir impulsando un despliegue renovable y de almacenamiento «resiliente, planificado y respetuoso» con el territorio y la biodiversidad, ya que en su opinión «es la mejor base para garantizar la seguridad de nuestro sistema energético».

Además, han llamado a impulsar las redes de autoconsumo, la participación ciudadana y los derechos de las y los consumidores para impulsar la seguridad energética de la ciudadanía, así como garantizar el acceso del suministro energético al conjunto de la ciudadanía «de manera territorial y socialmente justa».