Sumar critica eximir a pequeños caseros de la suspensión de desahucios, pero lo acepta por la aritmética del Congreso

El socio minoritario ve compatible esta excepción con la protección social y critica a Podemos su política de «líneas rojas»

Sumar pone en cuestión que los propietarios de una vivienda en alquiler se libren de la suspensión de desahucios, pero se inclina por aceptar el acuerdo que han alcanzado el PSOE y el PNV para introducir esta exención, asumiendo la compleja aritmética parlamentaria necesaria para aprobar el decreto de escudo social.

Aunque a integrantes del socio minoritario del Gobierno no les gusta excluir a los pequeños caseros de la moratoria antidesahucios, como el portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez, cree que no se pueden hacer política de «líneas rojas» como achaca a Podemos, al que insta a huir de «palabras gruesas» contra ese pacto.

Todo ello después de que el Gobierno haya aprobado en el Consejo de Ministros trocear el anterior decreto ‘ómnibus’ en dos textos, uno sobre revalorización de pensiones y otro sobre el resto de medidas sociales, incluida la prohibición de desahuciar a familias vulnerables.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz de Vivienda y diputado de Compromís ha admitido que esa exención a los pequeños caseros a él no le gusta y le parece incluso reprochable, pero ha llamado a comprender que hay «negociaciones cruzadas» y que en esta legislatura es «confeccionar mayorías es difícil».

Por tanto, ha demandado «calma» a Podemos, que salió a cargar contra el pacto entre PSOE y PNV, al comentar que toda negociación tiene «contraprestaciones», que en este caso hacen compatible la protección social, excepcionar a los pequeños propietarios y no incluir beneficios fiscales a los caseros.

A su vez, el portavoz de Exteriores del grupo plurinacional, Agustín Santos, ha subrayado respecto al acuerdo entre PSOE y el PNV que es evidente que el problema de la vivienda no se concentra en los pequeños propietarios sino en los grandes tenedores de pisos.

En este sentido, ha opinado que es «relativamente fácil» garantizar que los apoyos sociales a las familias vulnerables, es decir, la suspensión de desahucios sean «compatibles» con los derechos de los unipropietarios. Y es que ha puesto en valor que el PNV es un aliado constante del Gobierno durante la legislatura.

Mientras, el dirigente de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha enfatizado que «es absolutamente imprescindible» que este escudo social salga adelante aunque ha reprochado que es incomprensible el afán del PSOE de someterlo a votación cada año en lugar de hacerlo permanente.

Es más, ha criticado que estas medidas sociales se sometan a la «agonía» de ver si se aprueban en el «último momento» y darle la oportunidad a los partidos de la derecha, a los que ha calificado de «antiespañoles», de «hundir el escudo social» mediante «cualquier excusa».

Fuentes de Sumar han explicado que se acordó con el PSOE trocear el decreto ‘ómnibus’ y validar dos textos en el Consejo de Ministros, uno para la revalorización de pensiones y otro sobre el ‘escudo social’, que incluye medidas antidesahucios.

Al respecto, ha explicitado que su posición era firme y no querían que el Ejecutivo separara la moratoria de los desahucios del resto del escudo social, para permitirle a la derecha votar en contra. Por tanto, se someterá a votación de nuevo este paquete en su integridad con vistas a su convalidación en el Congreso.

Este segundo decreto incluye, según Sumar, ayudas a la dana y a los afectados por los incendios de verano, mejoras en la jubilación para los bomberos y la imposibilidad de desahuciar hasta a 60.000 familias vulnerables y cortarles los suministros básicos, tal y como pedía Sumar.

Para el socio minoritario del Ejecutivo, el PP «ya no tiene excusas» para aprobar las pensiones y el resto de grupos en el Congreso, en alusión implícita a Junts, deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia.

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha criticado la táctica del Ejecutivo de agrupar en decreto ‘ómnibus’ distintas medidas, lo que lleva a los aliados del Ejecutivo a tener que escoger entre «susto o muerte». Por tanto, no tiene problema en que se fragmente en dos decretos y reclama también que el escudo social se haga de una vez permanente.

Respecto al acuerdo entre el PSOE y el PNV, Micó ha apreciado que hay «margen de negociación» para conciliar los derechos de propietarios que arriendan una vivienda con la protección de las familias vulnerables. «No es lo mismo un gran tenedor, que no es lo mismo un fondo buitre que un pequeño propietario que pueda poner en alquiler una única vivienda», ha agregado.