Sumar, Bildu, PP y Vox enmiendan la ley de ‘lobbies’ para garantizar que sean controlados por un organismo independiente

El Ejecutivo prevé que el Registro de grupos de influencia dependa de una oficina adscrita al Ministerio de Transformación Digital

Sumar, Bildu, el PP y Vox pretenden modificar el proyecto de ley de Transparencia e integridad de las actividades de los grupos de influencia para que el futuro registro en el que deberán inscribirse los ‘lobbies’ esté controlado por un organismo independiente y no por la Oficina de Conflictos de Interés, adscrita al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Con este objetivo, el socio minoritario del Gobierno de coalición, y Bildu, uno de los aliados del Ejecutivo, han registrado una serie de enmienda parciales a la ley cuyo contenido coincide en este punto con las registradas por PP y Vox, que en su día intentaron frenar la tramitación de la norma.

Los cuatro grupos consideran que no debe encargarse de fiscalizar la actuación de los ‘lobbies’ un organismo dependiente del Ejecutivo y abogan por encargar esta tarea a un órgano plenamente independiente, que no pueda recibir instrucciones políticas y que esté dotado de medios suficientes para realizarla.

En sus enmiendas, recogidas por Europa Press, Sumar plantea que la persona que se coloque al frente de este organismo, que también podrá imponer sanciones, tenga rango de director general y sea nombrada por las Cortes por un mandato de seis años no renovable. También defiende que este órgano cuente con un mecanismo de control externo que garantice que desarrolla su labor de manera objetiva, imparcial «y sin interferencias políticas».

Por su parte, Bildu quiere crear un nuevo órgano que sustituya a la Oficina de Conflicto de Intereses. Propone que se llame Oficina Independiente de Buenas Prácticas e Integridad Pública, que la integren funcionarios y/o personal especializado, y que la dirija un miembro del funcionariado con más de diez años de experiencia en la administración.

Además, Sumar y el PP sugieren que mientras se crea el nuevo organismo por el que abogan sea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el que se encargue de controlar a los ‘lobbies’.

De su lado, Vox acepta que se ocupe del registro la Oficina de Conflicto de Intereses, pero demanda que ésta se transforme en un «ente independiente de derecho público dotado de personalidad jurídica propia, plena capacidad pública y privada, y autonomía funcional y organizativa respecto de cualquier Administración Pública» y se ocupe de la supervisión y control de los conflictos de interés en todas las Administraciones Públicas, incluyendo la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y cualquier organismo dependiente de ellas.

Además de crear una nueva autoridad independiente para controlar a estos grupos, el PP pide extender la normativa sobre ‘lobbies’ a las Cortes Generales a través de la modificación de sus Reglamentos, y que se incluya en el control a todo el personal de la Administración General del Estado que participe en la toma de decisiones públicas, ampliando el alcance más allá de los altos cargos y asesores eventuales.

La mayoría de grupos que han registrado enmiendas consideran que la información que los ‘lobbies’ aporten al registro debe ser más detallada de lo previsto por el Gobierno y que debe garantizarse su actualización. También demandan que publiquen las reuniones que mantienen y la documentación que entregan en el marco de su actividad de influencia.

Por contra, Junts considera que el proyecto de ley establece un «amplio catálogo obligacional» para las personas físicas y jurídicas que se consideren grupo de interés que sería «excesivo» aplicar a cualquier persona o entidad que de manera ocasional pueda realizar actividades de influencia en defensa exclusivamente de sus propios intereses. Por eso apuesta por regular la actividad de los que actúen como ‘lobbies’ «de manera profesional» y rebaja los datos a aportar en el registro.

Además, mientras que Vox quiere que se consideren grupos de interés los partidos políticos, los sindicatos y las patronales, Bildu y Podemos piden dejar fuera a las organizaciones «ejerzan la actividad o representación colectiva sin ánimo de lucro» y las de «naturaleza social o asociativa sin vinculo profesional o empresarial».

Eso sí, Podemos aboga por que esta ley regule también los vínculos de los ‘lobbies’ con el Poder Judicial, y plantea multas de entre 30.001 y 600.000 euros para los grupos que cometan determinadas infracciones.

También otros grupos defienden ampliar el marco de sanciones. Sumar por ejemplo las plantea tanto para los grupos de influencia como para los altos cargos que oculten reuniones, no refieran los documentos aportados por ‘lobbies’ o se reúnan con grupos no inscritos en el registro.

El grupo plurinacional busca que se contemple como actividad de influencia el uso de terceros para transmitir posiciones de un grupo de interés a personal público, incluyendo la financiación de asociaciones, ‘think tanks’ u otras entidades para influir en el debate público o regulatorio.

Los grupos solicitan, asimismo, que se garantice la interoperatividad del registro de grupos de interés de la Administración General del Estado con los de otras administraciones y del de la Unión Europea, así como que su información pueda vincularse con las agendas de las reuniones de altos cargos (que deberán publicarlas en el Portal de Transparencia) y los informes de huella normativa.

Por su parte ERC sugiere que los grupos que actúen en forma de empresas, asociaciones, consultorías, despachos profesionales u otras entidades con personal contratado para el ejercicio profesional de actividades de influencia publiquen un listado nominativo de aquellas personas que colaboran directamente o indirectamente que, en los cinco años anteriores, hayan desempeñado funciones como alto cargo, cargo electo, personal directivo público o funciones asimiladas en la administración general del Estado o cualquier organismo o entidad del sector público estatal.

De su lado, el PNV solicita que la entrada en vigor de la ley se produzca seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que se puedan aprobar antes los reglamentos correspondientes.