Socios de Gobierno exigen a Marlaska que rompa contratos latentes de armas con Israel para «no financiar un genocidio»

MADRID 21 May. –

Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos han acusado este miércoles al Gobierno de «mentir» y de ser «colaboracionista» con el «genocidio del pueblo palestino» por mantener contratos de compraventa de armas con Israel hasta hace unos meses, por lo que le han exigido que rompa todos los contratos pendientes o «latentes» con Israel y un embargo total de armas, entre otras medidas, para «no financiar un genocidio».

Tras la comparecencia del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados por este asunto, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha reclamado la anulación inmediata de todos los contratos de compraventa de material militar con Israel, al considerar que están vinculados «directa o indirectamente con un genocidio» contra el pueblo palestino.

«Hay que anular y dejar sin efecto hasta el último contrato sin ejecución o que pueda dejarse ejecutado. No es posible ninguna operación activa o pasiva», ha señalado.

Santiago ha asegurado que existen «sobrados argumentos jurídicos» para rescindir cualquier acuerdo con empresas israelíes que participen en la cadena armamentística, e incluso ha denunciado que en 2024 han pasado miles de armas por el puerto de Cartagena». También ha señalado que por las bases militares estadounidense de Rota y Zaragoza pasan armas camino de Israel, «actuaciones que incumplen las medidas de la Corte Internacional de Justicia».

En este sentido, el diputado de IU ha criticado que no se adopten «medidas concretas ni por parte de la Unión Europea ni de la ONU», y ha denunciado el «bloqueo» de cualquier avance: «Estamos cansados de solicitar medidas de embargo y control de todo lo que pase por los puertos y aeropuertos españoles».

El portavoz parlamentario ha llamado a adoptar medidas militares y económicas contra lo que califica como un «nuevo holocausto». «La comunidad internacional no ha aprobado ni una sola sanción ante este exterminio. Nos llena de orgullo que el presidente pida ahora la salida de Israel de Eurovisión, pero eso no basta», ha declarado.

«La derecha y la ultraderecha ya apoyaron a los nazis en el holocausto judío y ahora apoyan este nuevo genocidio y exterminio del pueblo palestino. España tiene que actuar. El mundo está hecho una porquería y no lo dejemos en manos de fascistas y criminales de guerra», ha concluido.

ERC: «LOS 17.000 NIÑOS MUERTOS SON UNA CIFRA INSOPORTABLE» Por su parte, la diputada de ERC Teresa Jordá ha criticado la «masacre en directo» que Israel realiza contra el pueblo palestino. «Los 17.000 niños muertos son una cifra insoportable. Gaza casi ya no existe. Casi no queda nada, la gente malvive allí. No estamos haciendo bastante. El Estado de Israel tiene que ser juzgado por crímenes contra la humanidad», ha manifestado.

Ante lo que ocurre, la parlamentario republicana ha exigido al Gobierno de España que exija a todos los estados de la Unión Europea que cumplan las tres órdenes internacional de detención contra el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu y que «fuerce» a la Unión Europea que exija un alto en fuego en Gaza.

Por ello, dentro de este contexto de «inacción internacional», Jordá ha mostrado su «indignación» por los contratos para comprar munición a empresas israelíes que salieron a la luz pública hace unas semanas pese a que el Gobierno negó contratos de este tipo el pasado mes de octubre. «Si no actúan contra esto, no serán testigos o directamente cómplices de lo que está pasando», ha concluido.

Por su parte, el diputado de EH Bildu Óscar Matute ha acusado al Gobierno de haber formalizado contratos de armas con Israel el año pasado pese «a conocer su implicación en el exterminio y genocidio que quieren practicar con los palestinos».

Por eso, ha exigido a Marlaska responsabilidades internas: «Ponga a trabajar a su gente para ver qué ha fallado. No puede alegar faltas de recursos. Hay investigaciones de la UCO todos los días y demuestran que hay gente dispuesta a investigar cosas que van a parecer una UCO patriótica como aquella Policía patriótica».

Por último, Matute ha pedido garantías claras: «¿Nos puede garantizar que no van a volver a ocurrir? ¿Nos puede asegurar que no hay más contratos en vigor y colaboración entre FCSE y empresas israelíes?». Además, ha pedido que se anulen todos los «contratos latentes» de armas con Israel. «Queremos que dejen de hacer negocio a costa de lo que pase en Palestina. Nadie puede mirar hacia otro lado cuando esto se perpetra», ha apostillado.

La diputada del Grupo Mixto Ione Belarra, ha sido la más beligerante contra el Gobierno, al que ha acusado de «mentir de manera descarada» con las compraventas de armas a Israel y de ser «colaboracionista con el Hitler del siglo XXI que es Netanyahu». «Me da auténtico asco que se esté usando el esfuerzo de la gente trabajadora de este país, que es solidaria con Palestina, para financiar un genocidio», ha denunciado.

Belarra ha detallado algunos contratos adjudicados por el Gobierno, algunos aún no formalizados y ha exigido su cancelación inmediata. «Son contratos por más de 800 millones de euros que podrían anular hoy mismo si no fueran auténticos colaboracionistas», pidiendo a Marlaska que rompa toda colaboración con empresas israelíes y prohíba el uso en España de tecnologías de espionaje como Pegasus o Cellebrite, por haber sido «probadas en combate contra el pueblo palestino y utilizadas luego contra la disidencia en España».

Por su parte, el diputado del PNV Mikel Legarda ha cargado contra la política del Gobierno porque existe una «falta de coherencia» entre los anuncios públicos y las adjudicaciones reales. «No es que sobren las palabras, es que ya no tenemos palabras para describir el horror de lo que está pasando en los territorios ocupados palestinos a manos del gobierno y ejército israelí», ha afirmado, y ha denunciado que se han producido «medias verdades y regate en corto» por parte del Ejecutivo.

Legarda ha recordado que, pese a las declaraciones del presidente y de varios ministros asegurando que no se estaban realizando compraventas desde el 7 de octubre de 2023, «esas tajantes afirmaciones siempre venían precedidas de informaciones que las cuestionaban». «Nuestro crédito con el Gobierno en esta cuestión está quebrado», ha zanjado Legarda, exigiendo «suspender efectivamente todas las adjudicaciones» y «transparencia absoluta» en las decisiones ya tomadas.