Scrats denuncia un «trato desigual» en los caudales ecológicos que «perjudica la viabilidad futura» del trasvase

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha denunciado este lunes en la Asamblea Regional que la última planificación del río Tajo «ha consolidado un trato desigual» en la fijación de caudales ecológicos con el objetivo de «perjudicar la viabilidad futura del trasvase Tajo-Segura».

Jiménez ha comparecido ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura tras las medidas del Ministerio para la Transición Ecológica y ha asegurado que el trasvase «se ha empantanado en los tribunales» y que el recorte previsto para 2027 «también se ha estancado» al quedar supeditado a una modificación de la Ley del Trasvase que, ha recordado, «ha requerido o bien una nueva ley o bien la convalidación de un real decreto-ley en el Congreso».

Durante su intervención, el presidente del Scrats ha recordado que «se ha producido un trato desigual a la hora de establecer caudales ecológicos en la práctica totalidad de las cuencas de España, también en todos los tramos del río Tajo a excepción del alto Tajo y de aquellos puntos en los que, claramente, se ha perjudicado la viabilidad futura del trasvase Tajo-Segura».

Según ha explicado, los estudios del sindicato «han constatado que en todas las cuencas se han mantenido los caudales ecológicos de las anteriores planificaciones o incluso se han rebajado tras la negociación con los regantes, salvo en los tramos en los que el trasvase se ha visto afectado».

Jiménez ha considerado que esta situación «se ha derivado de un planteamiento político a la hora de tratar los caudales en el alto Tajo», que, a su juicio, «ha tenido como objetivo recortar el trasvase Tajo-Segura».

En este sentido, ha afirmado que «cuando se ha hecho todo bien, el río no se ha visto afectado para nada y el Levante se ha mantenido tranquilo», y ha insistido en que, en el resto de ríos y tramos del propio Tajo, «se ha respetado el caudal que se ha tenido con anterioridad al último plan aprobado».

El presidente del Scrats ha advertido de que las decisiones adoptadas «han dejado en suspenso inversiones comprometidas y han adelantado los efectos del recorte antes de que se hayan cumplido las condiciones previstas», y ha reiterado que la cuenca del Segura «se ha situado en una posición de máxima vulnerabilidad hídrica mientras se ha obligado al Levante a depender de medidas que no se han ejecutado en plazo».

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado socialista Fernando Moreno ha agradecido la comparecencia de Jiménez y ha defendido que su formación «se ha ocupado en garantizar el agua para siempre mediante un mix hídrico que ha combinado trasvase, reutilización y desalación», al tiempo que ha cuestionado el «boicot» que, a su juicio, el Partido Popular «ha ejercido» sobre la interconexión de la desaladora de Torrevieja con la Región de Murcia y ha anunciado que su grupo «ha registrado» una iniciativa para reclamar una moratoria en el cierre de pozos sobreexplotados.

Por parte de Vox, Antonio Martínez ha subrayado que el trasvase «forma parte de la esencia del Levante español» y ha enmarcado las restricciones en una «estrategia ideológica» que, según ha afirmado, «se ha apoyado en un ecologismo radical y en el uso político de los caudales ecológicos», mientras ha denunciado una «larga lista de promesas incumplidas» en materia de depuración, modernización de regadíos y desalación.

El diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha valorado la abundancia de datos aportados por el compareciente y ha señalado que el trasvase «ha afectado al conjunto de la sociedad», por lo que ha reclamado que se hayan tenido en cuenta los impactos ambientales y, en particular, la contaminación del Mar Menor, que ha vinculado al modelo de regadío intensivo en el Campo de Cartagena, así como a la obligación de cumplir las exigencias europeas sobre caudales ecológicos y buen estado de las masas de agua.

Finalmente, el diputado del PP Jesús Cano ha advertido de que «han corrido malos tiempos para el trasvase a consecuencia de decisiones políticas caprichosas, ideológicas y sectarias» que, según ha dicho, «han perseguido el fin del Tajo-Segura en 2027», y ha acusado al Gobierno central de «jugar con el agua que ha permitido transformar un erial en tierras fértiles y que ha sostenido miles de empleos en la Región de Murcia».

Cano ha reiterado el apoyo de su grupo a las reivindicaciones del Scrats y ha asegurado que el PP «se ha situado como un regante más en la defensa del trasvase».