Sánchez anuncia que el Gobierno propondrá este martes a la UE romper el Acuerdo de Asociación con Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Ejecutivo propondrá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel porque «aquel gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa».

«Este martes el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su Acuerdo de Asociación con Israel. Y lo vamos a hacer, no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno. Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE», ha asegurado Sánchez este domingo en un acto en Gibraleón (Huelva) junto con la vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

Sánchez pedirá el apoyo del resto de países y considera que es una medida que «no es de izquierdas o de derechas». En su intervención, el presidente del Gobierno ha pedido parar los pies a Netanyahu y poner fin a los conflictos en Oriente Medio.

«Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, también está costando millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente, a la gente más corriente de nuestro país. Por eso, pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu», ha aseverado.

El pasado martes, 14 de abril, una Iniciativa Ciudadana Europea alcanzó un millón de firmas de ciudadanos procedentes de al menos siete Estados miembros pidiendo que la UE suspendiera totalmente su Acuerdo de Asociación con Israel.

Ahora la Comisión deberá verificar las firmas y, si se confirma que se alcanzan los umbrales establecidos, el Ejecutivo comunitario tendrá que responder en un plazo de seis meses indicando las medidas que adoptará, en su caso.