Rovira niega «presiones» en la consulta de lengua base y recuerda «la obligación de imparcialidad» de los centros

VALÈNCIA, 7

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha recordado que los centros educativos «tienen la obligación de guardar imparcialidad ante cualquier proceso», como el que se desarrollará para elegir la lengua base, al tiempo que ha negado que haya «presiones» desde su departamento.

Este viernes, asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), el colectivo Famlílies pel Valencià y Compromís han acusado a la Conselleria de Educación de «censura» después de que, según aseguran, la Inspección Educativa haya retirado pancartas de centros educativos a favor de la elección del valenciano en la consulta sobre la lengua vehicular.

Al respecto, el titular de Educación ha aseverado: «Ni hay coacciones ni hay amenazas ni hay presiones. Eso pertenece a épocas pasadas. La Conselleria es absolutamente neutral en un proceso en el que lo importante es que las familias voten en libertad la lengua que quieran».

Rovira ha señalado que la neutralidad en los centros educativos «no es de ahora, está contemplada desde hace muchos años». Así, ha recordado que la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la educación, en su artículo 18, señala que «todos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución».

«Los centros educativos públicos son administración y los docentes son funcionarios, por lo que están sujetos al deber de guardar neutralidad. Así lo señala también el Decreto Legislativo 5/2015, Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 52 que recoge los deberes de los empleados públicos y el Código de Conducta», ha señalado.

En dicho artículo se recoge: «Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes».

«LAS DOS OPCIONES SON VÁLIDAS»

El responsable de la política educativa del Consell ha tachado las críticas de Compromís de «absolutamente falaces», al tiempo que ha señalado que revelan «un nerviosismo impropio ante una consulta en la que se da voz a las familias para que voten en libertad». «La Conselleria respetará lo que voten las familias, porque las dos opciones son válidas. Respetamos que haya partidos que aconsejen una opción, pero desde Conselleria eso no se va a hacer, porque es la clave de la libertad, aunque haya quien no lo entienda», ha añadido.

«No sé por qué hay partidos y colectivos que consideran peligrosas a las familias o que creen que no tienen capacidad de decidir por sí mismas, pero este Gobierno se presentó con un compromiso a las elecciones de 2023 y lo va a cumplir», ha planteado.

El conseller ha insistido en que «esta administración no se decanta por ninguna de las dos lenguas, al revés que el Botànic, que ya sabemos que se decantó por la inmersión lingüística, lo que le acarreó numerosas sentencias en contra». Así, ha puesto como ejemplo «vincular el peso de las horas lectivas en valenciano con una mayor carga de inglés, que es lo que hacía el Consell de Puig». «Este Consell apuesta por un sistema equilibrado donde se garantiza el aprendizaje de las dos lenguas», ha señalado.

Por último, ha criticado que el anterior Consell «quitó todas las competencias de la inspección educativa, vaciando a este cuerpo de toda actividad». «Eso ha cambiado. La inspección debe velar por el cumplimiento de las normas y si a Conselleria llegan denuncias de particulares sobre lo que se está haciendo en algunos centros debe actuar. Esto se llama simplemente cumplir la legalidad», ha zanjado.