
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en el Foro de la Nueva Economía, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 9 de enero de 2025, en Madrid (España).
Publicado 12 Jan 2025 15:06
MADRID, 12
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado que la proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso para limitar la acción de la acusación popular y que partidos políticos y asociaciones no puedan ejercerla esté relacionada con los procesos judiciales del círculo cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«No hay que pensar en lo que le venga bien o no a Pedro Sánchez circunstancialmente, sino en lo que le venga bien a la democracia. Creo que la utilización espuria de la acción penal con el objetivo de desgastar a rivales políticos sin el apoyo de las acusaciones, que realmente tienen que preservar la imparcialidad de la justicia, creo que es bueno para la democracia», ha indicado Puente en una entrevista en la COPE este domingo, recogida por Europa Press.
Sobre esta «proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», Puente ha apunta que «se irá matizando y se le irá dando forma» y que a lo largo de la tramitación parlamentaria se irán incorporando propuestas o sugerencias de las asociaciones judiciales.
Preguntado si esta proposición podría beneficiar a familiares del presidente que tiene procesos judiciales abiertos, Puente ha asegurado que «las consecuencias jurídico-procesales» que pueda tener la tramitación de esa ley «están por ver» pero que no se contempla.
«Estaría por ver qué tipo de consecuencias tiene sobre procedimientos ya iniciados, porque para eso hay que aprobar un régimen transitorio y ese régimen de momento que sepamos no está sobre la mesa», ha señalado el ministro.
A su juicio, la proposición no es una «apuesta de eliminar, sino de limitar la acción popular» ya que se «han puesto de manifiesto «algunas disfunciones que quizás haya que corregir» y que no son «deseables en democracia».
«La justicia y la acción penal deben usarse para perseguir delitos, no con el fin de hacer política y eso es algo que la acción popular no debe consentir», ha dicho.
Además, en la proposición de ley se suprimen también los delitos de ofensas contra los sentimientos religiosos, algo que el titular de Transportes ve con buenos ojos: «No creo que el delito de ofensas religiosas deba constar en el Código Penal. Es un concepto muy vidrioso que aboca a situaciones que son difícilmente explicables en una democracia».
«A veces, esto de ofenderse, será quien se sienta ofendido. A mí, que esa señora (Lalachus) saliera en las campanadas con una estampita de la vaquilla de un programa televisivo con el Sagrado Corazón, como católico, no me ofende. No me ofende ni me siento ofendido», ha apuntado Puente.
Sí que le ofenden, ha mencionado, «otras cosas que pasan fuera y dentro de la Iglesia y que realmente son las preocupantes». «Si la Iglesia católica y la religión católica se deslizan por la senda de la intolerancia, cometerán un error y harán además involucionar una Iglesia que, gracias, en parte, también al trabajo y al legado del Papa Francisco, se dirige por una senda de reconciliación absoluta con el mensaje de Cristo».
Por último, Puente también se ha referido a la situación en Venezuela después de que Nicolás Maduro y al hecho de que el Gobierno no reconozca a Edmundo González. Ha afirmado que «no va a cambiar la naturaleza del problema» y se ha remitido a reconocimientos anteriores como el de Juan Guaidó, «que no se de qué sirvió».
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