PSOE y Sumar acusan al PP de «exagerar» y «fabricar un enemigo imaginario» por el contrato con Huawei

PP y Vox acusan al Gobierno de «temeridad», «irresponsabilidad máxima» y «riesgo inasumible» para el país por mantener el contrato

Los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar han reprochado este martes al Partido Popular su intento de convertir la adjudicación a la multinacional china Huawei de un contrato para el suministro de servidores del sistema judicial SITEL en un supuesto caso de riesgo para la seguridad nacional.

En la Diputación Permanente del Congreso celebrada este martes, los diputados Vicente Montávez (PSOE) y Txema Guijarro (Sumar) han acusado a los ‘populares’ de «exagerar» y de tratar de «fabricar un enemigo imaginario» con fines partidistas.

Así, Montávez ha defendido que lo único que existe es una adjudicación de servidores de almacenamiento, máquinas, hierro, etcétera, «eso es todo»; y ha recalcado que el sistema SITEL es cerrado y custodiado por Policía Nacional y Guardia Civil, y que Huawei «no gestiona ni un dato, no tiene las llaves, no toca nada».

En esa línea, ha criticado que el PP haya presentado el contrato como un «caso de espionaje internacional», cuando, ha recordado, la propia formación conservadora ha contratado con la empresa tecnológica en distintas comunidades autónomas. «Cuando gobiernan ustedes, Huawei es innovación. Y cuando gobierna Pedro Sánchez, Huawei es espionaje. Esa es la incoherencia», ha resumido Montávez.

El diputado socialista ha concluido que el Gobierno «ha cumplido la ley, ha seguido los procedimientos y ha aplicado el esquema nacional de seguridad», frente a un PP que, según ha dicho, ha optado por «ruido, mucho ruido» en un asunto en el que «solo cabe la seriedad».

Por su parte, el secretario general del grupo de Sumar, Txema Guijarro, ha dicho que la posición del PP se basa en «tres graves desatinos»: confundir la seguridad del Estado con los derechos de los ciudadanos, ignorar que el procedimiento administrativo contó con la intervención de organismos como el Centro Criptológico Nacional, y aplicar una «lealtad dividida» al dar más crédito a las advertencias de Estados Unidos que a la experiencia europea.

En este sentido, ha indicado además que las sospechas sobre Huawei provienen precisamente de países como Estados Unidos, que a su juicio han protagonizado episodios de espionaje masivo, entre los que ha citado los revelados por Edward Snowden en 2013.

Asimismo, el parlamentario de Sumar ha instado a abandonar «los viejos maniqueísmos» y a aprovechar los avances tecnológicos garantizando autonomía estratégica en Europa.

Desde el PP, Rafael Hernando ha defendido la petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar la adjudicación. Así, ha asegurado que la concesión de un contrato de 12,3 millones de euros a Huawei para el almacenamiento de escuchas judiciales constituye «una grave temeridad, un riesgo inasumible para España, si no sencillamente un delito».

El parlamentario ‘popular’ ha alertado de que la empresa asiática está sometida a las leyes del Partido Comunista chino y considerada proveedor de alto riesgo por la Unión Europea; al tiempo que ha subrayado que se trata de «información crítica» relacionada con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

Hernando ha subrayado que el propio Informe Anual de Seguridad Nacional de 2023, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional presidido por Pedro Sánchez, advertía de la «estrategia híbrida de China» y de la actividad de sus servicios de inteligencia en la obtención de información política, militar y tecnológica.

El diputado del PP también ha criticado las conexiones de la compañía tecnológica con antiguos dirigentes socialistas, citando la contratación de personas del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y de la familia del actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Según ha esgrimido, este entramado revela que Huawei «no solo compra tecnología, compra influencias».

En la misma línea, el diputado de Vox José María Sánchez ha calificado de «irresponsabilidad máxima» que Huawei pueda tener acceso a las infraestructuras de SITEL, recordando que la compañía figura desde 2019 en la lista de entidades de riesgo de Estados Unidos y que la Unión Europea también ha advertido sobre su utilización en redes 5G.

A su juicio, la decisión del Gobierno evidencia una «orientación temeraria» en política exterior y constituye «una chaladura del Ejecutivo» que, dijo, «pone en manos de un régimen extranjero datos sensibles de la seguridad nacional».

El parlamentario de Vox ha situado esta adjudicación dentro de lo que llamó la «orientación temeraria» de la política exterior del Ejecutivo, al que acusó de «alinearse con los gobiernos iberoamericanos más radicales» y de distanciarse de la OTAN y de Estados Unidos.