Medio millar de académicos piden a Marlaska que ‘libere’ la documentación histórica del Archivo de Interior

Reclaman que los documentos entre 1829 y 1994 vayan al Archivo de la Administración y se garantice el acceso a lo que quede en Interior

Medio millar de académicos se han dirigido por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle que garantice el acceso a la documentación histórica que se custodia en el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) y, en concreto, que ‘libere’ los millones de documentos del siglo XIX, la Segunda República o el franquismo que guarda incumpliendo su propia normativa.

Según han informado a Europa Press los impulsores de esta iniciativa, se han unido a la misma miembros de las casi cincuenta universidades públicas de toda España, alguna privada y también pertenecientes a centros académicos de Argentina y Estados Unidos y de países europeos como Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos, Portugal y Finlandia.

«Las personas firmantes, dedicadas a la docencia y la investigación en historia contemporánea, ciencia política y disciplinas afines, nos dirigimos a usted públicamente para manifestar nuestra preocupación por las dificultades persistentes de acceso a la documentación histórica custodiada en el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI)», reza la misiva.

Los firmantes denuncian que esta situación, además de frenar el avance del conocimiento histórico y afectar al derecho de la ciudadanía a acceder a archivos públicos conforme a los estándares internacionales, incumple las propias normas del Archivo de Interior, que establecen que no debe conservar, con carácter general, documentación de más de 30 años.

Los miembros de la academia recuerdan al ministro que, como cualquier archivo ministerial, éste no debería custodiar documentación histórica, pues esta misión está encomendada a los archivos especializados, ya sean históricos e intermedios, según el caso.

EN PLAZO Y SIN CENSURA

Sin embargo, el Archivo de Interior atesora «decenas de miles de cajas, con millones de documentos» del siglo XIX, de época de la Segunda República o del franquismo, lo que implica que «numerosas investigaciones de carácter histórico deban pasar necesariamente por el AGMI».

Los investigadores denuncian que en el de Interior se observan «dificultades de acceso que no suelen presentarse en otros archivos públicos». Así, señalan que las solicitudes se atienden con «grandes retrasos», no se facilitan los instrumentos de consulta y, en ocasiones, «se entrega documentación que no se encuentra sometida a restricciones de acceso, con marcas actuales de censuras».

Según detallan, muchas de estas prácticas derivan de la aplicación restrictiva de una regulación interna desfasada que piden que se renueve conforme a la «actual normativa de transparencia y los estándares de apertura que rigen en la archivística nacional e internacional».

Por todo ello demandan que, «bajo la aplicación estricta de la normativa», se ordene la transferencia de la documentación histórica custodiada en el sistema de archivos de Interior, ejecutando «de manera inmediata» la transferencia al Archivo General de la Administración que lleva autorizada desde diciembre de 2024 (un total de 6.111 cajas de entre 1829-1994).

TRASLADO ESCALONADO

En este contexto, también piden que se identifique la documentación histórica que permanecerá en el archivo tras esta transferencia y se «programe su traslado escalonado» y que, mientras se materializan estas transferencias, «se garantice el acceso a este patrimonio documental con condiciones equiparables a las del resto de la red de archivos estatales».

Y todo ello, recalcan, debe pasar por hacer «públicos y accesibles» los instrumentos de consulta del archivo, simplificar el procedimiento de solicitud de documentación, velar por que las solicitudes se resuelvan dentro del plazo obligatorio de un mes, reforzando, en su caso, el personal y los recursos del archivo para garantizarlo, y garantizar el acceso íntegro a la documentación que no tenga restricciones de acceso.

Asimismo, reclama que se normalice la consulta presencial en el archivo y que si es necesario se habiliten o adecuen espacios de consulta en el archivo para blindar este derecho, que se revisen y sustituya la Instrucción que regula el acceso a la documentación, de 2006, por un reglamento actualizado y que se garantice la no retroactividad de la ley franquista de secretos oficiales de 1968.

EL CONGRESO YA PIDIÓ MEDIDAS

El pasado 21 de abril la Comisión Constitucional del Congreso aprobó una proposición no de ley, impulsada por ERC y pactada con el PSOE, por la que se insta al Gobierno a facilitar el acceso a los fondos del archivo de Interior y a elaborar un plan específico para la digitalización y acceso en línea de los fondos documentales, priorizando aquellos de mayor relevancia para la investigación histórica y la reparación de las víctimas.

El texto, impulsado por ERC y pactado con el PSOE, salió adelante en la Comisión de Interior con el apoyo de Sumar, Junts, Bildu y PNV y el voto en contra de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).