Más del 60% de empresas andaluzas desarrolla estrategias para mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad

Un 44,8% sistematiza la identificación de candidaturas y un 56,2% implanta criterios sociales para seleccionar proveedores

Más del 60% de las empresas andaluzas desarrolla estrategias de diverso alcance para planificar la inclusión laboral de personas con discapacidad más allá de los porcentajes fijados por la ley, bien sea de forma directa o a través de la contratación social.

Es una de las conclusiones del II Estudio de Contratación Social en Andalucía, elaborado por la empresa UNEI con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con datos de 100 empresas andaluzas de más de 100 trabajadores, representativas del tejido económico andaluz.

El estudio revela que ocho de cada diez grandes empresas andaluzas califican de alto o muy alto su nivel de concienciación sobre la diversidad y la inclusión en sus plantillas. En coherencia, las empresas están llevando a cabo acciones que promueven la incorporación de personas con discapacidad en sus equipos, bien sea de forma directa o mediante la contratación social.

Así, un 44,8% está sistematizando la identificación de candidaturas de personas con discapacidad en todos sus procesos de selección y un 56,2% implanta criterios sociales en la selección de proveedores a lo largo de la cadena de suministro.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación, Victoria Martín Lomeña, han presidido la presentación de este II Estudio de Contratación Social, junto al director general de UNEI, Rafael Cía, y la directora de Estrategia y Marketing de la compañía, Inma Ponce.

El estudio, cuyo trabajo de investigación ha corrido a cargo de la consultora especializada en análisis de mercados Intelqualia, tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la diversidad y la inclusión laboral en Andalucía, a partir del análisis de la realidad de las empresas en el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad y sus acciones más allá del requisito legal.

El II Estudio de Contratación Social pregunta a las empresas por su opinión y por el nivel de cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, que fija en un 2% el mínimo de personas con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores.

En este sentido, el 100% de las empresas ve adecuado que exista la Ley General de Discapacidad y una inmensa mayoría (por encima del 90%) considera que está contribuyendo decisivamente al fomento de la inclusión y a una mayor sensibilidad hacia la inclusión en el tejido empresarial andaluz. Además, siete de cada diez empresas ven adecuado el porcentaje de reserva de empleo para personas con discapacidad previsto por la ley y casi un 30% piensa que podría ser incluso más alto.

En coherencia con lo anterior, el 51,4% de las empresas encuestadas declara cumplir con el mínimo legal de 2% de empleo para personas con discapacidad mientras que un 18,9% supera este porcentaje. Eso supone que más de un 70% de las empresas cumple o supera el porcentaje de empleo de personas con discapacidad previsto en la Ley, frente a un 29,7% que aún no lo ha alcanzado.

Entre las mayores dificultades para su cumplimiento, más de un 70% de las empresas señala la identificación de perfiles con discapacidad que reúnan la cualificación específica para determinados puestos.

Para paliar esas dificultades, el cumplimiento de la inclusión laboral de personas con discapacidad se puede hacer tanto mediante contratación directa como a través de medidas alternativas. En este sentido, seis de cada diez empresas andaluzas recurren a la contratación social con centros especiales de empleo como medida de cumplimiento. Esta fórmula destaca por su traducción directa en creación de empleo para personas con discapacidad.

Entre las ventajas señaladas por las empresas que contratan servicios con este tipo de empresas sociales, destacan la importancia de poder contar en una empresa especialista en discapacidad como ‘partner’ que les permite avanzar en materia de inclusión (78%) y contribuir a una sociedad más justa (94%).

Más allá de la responsabilidad social corporativa, en los procesos de contratación social se tiene en cuenta la calidad en la prestación de servicios. Así, un 82% de las empresas que contrata con centros especiales de empleo considera bastante o muy importante la experiencia en el sector.

Cabe destacar que las empresas que utilizan la contratación social con Centros Especiales de Empleo simultanean en su mayoría esta fórmula con la contratación directa. De hecho, un 23,4% de las empresas que contratan servicios con este tipo de empresas de iniciativa social supera el máximo legal del 2% de empleo de personas con discapacidad, más del doble que las empresas que no utilizan la contratación social, que se queda en un 11,1%.

En este sentido, existe un significativo 22% de empresas que usan la contratación social con centros especiales de empleo, pero no solicitan medidas alternativas de cumplimiento, en su mayoría porque ya cubren o superan la cuota legal.