Más de 300 ‘lobbies’ se han inscrito en la primera semana del registro estatal, que ha recibido más de 3.000 visitas

MADRID 15 Sep. –

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Concepción Campos Acuña, ha explicado este martes que más de 300 grupos de interés se han inscrito en el registro estatal de ‘lobbies’ en su primera semana de funcionamiento, periodo en el que ha recibido un total de 3.000 visitas y más de mil consultas específicas en su buscador.

Los grupos de interés que quieran continuar ejerciendo su actividad de influencia ante el sector público estatal o empezar a hacerlo deben apuntarse en este registro, creado por el CTBG en virtud del decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de 25 de agosto.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para dar cuenta de la actividad del Consejo, Campos Acuña ha desvelado que el organismo ha pedido ayuda al Ministerio de Transición Digital y Función Pública, que le ha cedido temporalmente medios auxiliares, en su mayor parte tecnológicos, para poner en funcionamiento el registro.

La presidenta del Consejo ha destacado que con este refuerzo, y «jornadas de 14 horas diarias», han conseguido el «hito extraordinario» de poder activarlo con mucha rapidez su sede electrónica.

TODO A LA ESPERA DE SI SE CONVALIDA O NO

Según ha explicado, han priorizado que los grupos de interés pudieran solicitar su inscripción, dado que la falta de inscripción llevaba «anudada la suspensión de las reuniones». El registro cuenta con un buscador de ‘lobbies’ mediante diferentes filtros y categorías.

Además de la gestión del registro, el decreto ley otorga al Consejo competencia sancionadora, pero de momento no han hecho avances en este sentido, a la espera de si la norma se convalida o no este jueves en el Pleno del Congreso.

Y es que el Ejecutivo ya envió una ley al Congreso para regular los ‘lobbies’, pero encalló por falta de acuerdo, lo que le llevó a aprobar la misma regulación mediante este decreto-ley que está en vigor desde finales de agosto.

Pero, como todos decretos ley, para seguir vigente, debe ser convalidado por la Cámara Baja. El Pleno del Congreso tiene programado para este jueves el debate y votación sobre el mismo y su convalidación corre peligro, pues Junts ha avanzado que votará en contra, lo mismo que previsiblemente harán PP y Vox, sumando la mayoría necesaria para derogarlo.