Martínez (Sumar) dice que la sentencia del TJUE «avala las posiciones de diálogo» del Gobierno y «permite pasar página»

Cree que el proceso contra Begoña Gómez es «un poco exagerado y parte de una estrategia bien orquestada»

BILBAO, 17 Jul. –

La coordinadora de Sumar, Rosa Martínez, ha afirmado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)sobre la Ley de Amnistía «avala las posiciones de diálogo» del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar y es «una buena noticia» que «permite pasar página» y señala a «quienes desde el inicio de la legislatura han buscado todo tipo de excusas y artimañas para derrocar al gobierno».

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martínez se ha referido, de esta forma, a la sentencia de la Gran Sala del TJUE conocida este pasado jueves que ha avalado la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea.

En su opinión, la sentencia del TJUE «lo que hace es darnos la razón en dos planos». Jurídicamente, ha dicho, «nos da la razónn» en el sentido de que «no había ningún problema con la ley de amnistía, que se ajustaba a derecho». Además, «nos da una razón política de que, efectivamente, la política hay que resolverla de manera política, con negociación, con diálogo y evitar toda judicialización».

Por ello, ha considerado que es «una buena noticia para cerrar, por fin ya, un tema que se abrió, que fue doloroso para toda la sociedad, especialmente para el pueblo de Cataluña, y nos permite pasar página y sobre todo dar la razón al gobierno y señala a quienes desde el inicio de la legislatura han buscado todo tipo de excusas y artimañas para derrocar al gobierno».

Sobre la respuesta de los tribunales españoles, ha señalado que «veremos en los próximos días» si responden adecuadamente. «Deberían hacerlo para que se pueda cumplir y seguir, porque hay gente que lo está esperando y contribuirá a cerrar un capítulo».

BEGOÑA GÓMEZ

También se ha referido a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que ha confirmado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien ha acordado levantar las medidas cautelares impuestas por el instructor como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días en sede judicial.

Preguntada si ve ‘lawfare’ en este caso, ha dicho que ve «cosas raras». Tras reconocer que «hay muchos casos a lo largo de la legislatura de sentencias, de procesos judiciales cuando menos sospechosos, exagerados, a veces con sentencias no muy bien fundamentadas», ha afirmado que «habrá que dejar continuar el proceso».

En cualquier caso, ha considerado que «sí que parece como todo un poco exagerado y parte, efectivamente, de una estrategia bien orquestada, no sólo en procesos, sino además en tiempos».

«Existen o no existen las casualidades, pero es claro que el Poder Judicial tiene unas posiciones y no está favoreciendo la acción del Gobierno», ha manifestado, para insistir en que «hay una y otra vez sentencias y procesos que ponen en cuestión el trabajo del Gobierno y una y otra vez se van demostrando que el Gobierno actúa con rigor jurídico en la mayor parte de los casos».

Sobre otros procesos judiciales abiertos en el entorno del PSOE, Martínez ha consdierado que «hay que poner una línea muy nítida con la corrupción».

«Nosotros hemos sido siempre exigentes, nos desagrada y nos disgusta profundamente los casos de corrupción. No corresponde a un Gobierno plural que trabaja día a día por mejorar la vida de la gente», ha remarcado, para afirmar que «estas cuestiones no caben en nuestro espacio político» y, en ese sentido, subraya que en Sumar «no ha habido un solo caso de corrupción».

La coordinadora de Sumar ha asegurado que su formación estará «en contra de la corrupción y de todo lo que sea trabajar por intereses privados en la vida pública» y exigirán «la máxima responsabilidad».

Además, ha añadido que «desde las instituciones públicas tenemos una labor y es, a pesar de todo este ruido judicial, de debate y de desinformación, seguir trabajando por políticas concretas que mejoren la vida de la gente». «Tenemos que empujar, avanzar en derechos y, contra el ruido, contestar con políticas públicas», ha defendido.