Mañana entra en vigor la Ley de Multirreincidencia, que castiga con cárcel a los condenados 4 veces por hurtos

MADRID 9 Abr. –

La modificación del Código Penal con la Ley de Multirreincidencia que condena a entre uno y tres años de prisión a quien haya sido condenado firmemente por más de tres hurtos o delitos menos graves entrará en vigor mañana viernes tras ser aprobada en el Congreso con los votos favorables de PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

La iniciativa presentada por la formación liderada por Carles Puigdemont en el año 2024 salió adelante el pasado 26 de marzo con los votos de la oposición, tras estar durante meses en un cajón hasta que en el mes de marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales y a mediados de febrero del año siguiente se llevara a debate en la Cámara Baja y posteriormente a votación.

Entre las primeras enmiendas y la primera votación en el Parlamento, la reforma volvió a guardarse por la disconformidad de los socios del Gobierno, pero la ruptura del diálogo con el Ejecutivo anunciada por Junts llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa.

A su vez, los socios minoritarios en el gabinete de ministros, Sumar, junto con algunos socios habituales del Gobierno en la Cámara de los diputados –Bildu, Podemos, BNG y Compromís– se han opuesto a la reforma, al tiempo que ERC se ha abstenido durante la votación.

Durante su tramitación en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, el PSOE y Junts ya habían alcanzado acuerdos para castigar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles y endurecer las penas para determinados delitos de estafa.

Después, tras pasar por el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta, se ha aprobado definitivamente tanto la enmienda que fija penas de prisión de seis a 18 meses o multas de uno a dos años para quien defraude energía para el cultivo de marihuana, como la que prevé castigar con entre tres y cinco años de prisión el llamado ‘petaqueo’, vinculado al suministro de combustible a narcolanchas.

No obstante, se ha vetado otra propuesta del PP que exigía al Gobierno ampliar en dos años las plazas de Fiscalía de área, provinciales y de comunidad autónoma a razón de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000.

El Gobierno podría haber perdido la votación de estas dos enmiendas en el Congreso, pero no llegaron a votarse porque Moncloa vetó su tramitación alegando que suponían un sobrecoste presupuestario. El veto fue aceptado en la Mesa de la Cámara Baja por la mayoría que reúnen el PSOE y Sumar, que avalaron que el Ejecutivo hiciera uso de su facultad para frenar el debate de propuestas que supongan un incremento de gasto presupuestario o una merma de ingresos.

Según el Gobierno, la votación de la enmienda relativa a extranjería exigiría desplegar 400 plazas más de funcionarios en las comisarías de extranjería con un coste medio de 42.000 euros, lo que supondría un incremento presupuestario de 16,78 millones. Y el veto a la que abogaba por ampliar la plantilla de fiscales lo justificó con el argumento de que implicaría convocar 491 plazas de fiscales, lo que tendría un coste extra estimado de 53,79 millones de euros.