Magistrados europeos apuntan a posibles cuestiones prejudiciales por la nueva regulación de la migración en la UE

Consideran la nueva norma una «regresión en las políticas de respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales»

BILBAO, 13 Jun. –

Magistrados europeos han advertido de que en el futuro podrían promoverse cuestiones prejudiciales en la aplicación de la nueva regulación migratoria de la Unión Europea, si se entiende que no se acomoda al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y las garantías que su acervo jurídico dispensa a los derechos humanos.

Numerosos ponentes y participantes en el Congreso de Magistrados Europeos por las Libertades y Democracia (MEDEL), que agrupa asociaciones judiciales de toda Europa, celebrado este viernes y sábado en Bilbao, han sido críticos con la nueva regulación de la migración en Europa, que consideran una «regresión en las políticas de respeto a los derechos humanos, los tratados internacionales y de las garantías básicas que toda persona, con independencia de su condición y procedencia, tiene derecho a ver garantizado».

A su juicio, la nueva regulación migratoria de la Unión Europea supone una «doble frontera» para mujeres e infancia migrantes, que se topan con los problemas generales de toda migración y las particularidades de su condición, lo que supone una «doble discriminación».

Este encuentro internacional se ha celebrado en la Universidad de Deusto con la participación de un centenar de integrantes de la judicatura, fiscalía y profesorado universitario europeo, que abordaron los desafíos a los derechos humanos y al Estado de derecho que plantean las políticas migratorias de la Unión Europea y el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que entró en vigor durante la celebración de este evento.

La convocatoria se promovió por las dos asociaciones que integran MEDEL en España, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, con el patrocinio del departamento de Empleo, Cohesión Social e igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, cuya titular, Teresa Laespada, lo inauguró junto la presidenta de MEDEL, la fiscal italiana María Rosaria Guglielmi.

Entre las conclusiones alcanzadas destacan la afectación de los derechos humanos de las personas migrantes, particularmente menores y mujeres, que pueden verse afectadas por la repatriación a terceros países con los que carecen de vinculación, lo que «podría vulnerar» los convenios internacionales que han suscrito los Estados miembros de la Unión Europea.