Los impuestos al SMI enfrentan a PSOE y Sumar, que antes chocaron por la jornada laboral o el gasto militar

El contrato de Muface, la baja laboral flexible, la vivienda y la migración, también han generado discrepancias en el Gobierno

MADRID, 16

Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, siguen inmersos en el conflicto desatado por la tributación del salario mínimo interprofesional y por ahora ninguna de las partes tiene intención de ceder. Es la última crisis interna, que se suma a choques previos por la reducción de la jornada laboral, el incremento del gasto militar, el nuevo contrato de Muface o la baja laboral flexible.

Este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó una nueva subida del SMI, la portavoz del Gobierno Pilar Alegría y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, protagonizaron un encontronazo inédito, al producirse en directo y ante las cámaras.

Sumar se opone a que el nuevo salario mínimo, que ya asciende a 1.184 euros mensuales tribute el IRPF mientras que el sector socialista, encabezado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, impuso que sí lo haga, una vez que ha superado el límite exento.

Los socialistas repiten que hay que hacer «pedagogía» e insisten en la necesidad de pagar impuestos de manera progresiva para sostener los servicios públicos, cargan contra lo que llaman «populismo fiscal» y cifran en 2.000 millones la cantidad que el Estado dejaría de ingresar.

Aunque ambos sectores han abogado por bajar el tono tras el encontronazo del martes en Moncloa, fuentes del PSOE aseguran que su posición es firme, no piensan rectificar y asumirán las consecuencias si llega al Congreso, ya que Sumar ha presentado una iniciativa para que el SMI siga exento y a priori cuenta con la mayoría suficiente para que salga adelante. No obstante, varios cargos del partido se muestran partidarios de alcanzar un pacto y cerrar la crisis.

EL PSOE SE RESISTE A RECTIFICAR Y SUMAR SE VE GANADOR

El socio minoritario, además, ha reclamado a Hacienda una reunión con Trabajo para conseguir una «salida negociada» a esta pugna y consideran que el PSOE ha perdido el debate, porque hay una mayoría en el Congreso que rechaza las pretensiones de Hacienda. En esta línea, fuentes de Sumar apuntan que si el PSOE recurre a la vía de vetar las iniciativas para sacar el SMI del IRPF solo evidenciarían su derrota.

Además, sentencian que la postura del departamento que dirige María Jesús Montero es un «tiro en el pie», que debe rectificar y que enrocarse en la tributación del SMI solo genera erosión al Gobierno, pues esta polémica solo da munición a la derecha.

De hecho, el PP ha presentado su propia ley en el Congreso, aunque Sumar descarta negociar con los ‘populares’ incluso si no hay un acuerdo con el PSOE y el texto llegue a votarse y aseguran que solo negociarán con los socialistas.

DÍAZ CONTRA CUERPO

Antes de esta última crisis, la reducción de jornada también provocó un fuerte choque entre el departamento de Díaz y el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, que se resolvió finalmente con la aprobación de la medida en el Consejo de Ministros para que llegue al Congreso por la vía de urgencia.

Sumar se movilizó ante las sospechas de que el PSOE era partidario de dilatar el calendario de la medida hasta contar con los apoyos parlamentarios suficientes, con cumbres con sus ministros y partidos aliados para alertar del incumplimiento del acuerdo de coalición. Incluso Díaz llegó a apuntar, en alusión a Cuerpo, que incumplir la promesa de aprobar la jornada de 37,5 horas era de «mala persona».

También han surgido fricciones respecto al nuevo contrato del Muface, dado que el Ministerio de Función Pública de Óscar López ha revisado al alza la licitación. De hecho, el propio López destacó que el Ejecutivo había salvado el futuro del Muface.

Mientras, la titular de Sanidad, Mónica García, tildó de «decepcionante» que se primara a las aseguradoras por delante de la sanidad pública. Además, Sumar presentó una iniciativa en el Congreso para reclamar la integración progresiva de los funcionarios beneficiarios del Muface en la sanidad pública.

Además ha resurgido recientemente otro elemento conflictivo entre los socios de coalición, la cuestión del gasto militar y armamentístico. En el lado del PSOE, el presidente del Gobierno junto a otros líderes de la UE apremiaron al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que aumente su financiación a la industria de defensa europea. Mientras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió el horizonte de gasto militar de España para alcanzar el 2% del PIB en 2029, descartando acelerar el paso pese a la insistencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Por su parte, Sumar ha mostrado su rechazo a elevar el gasto armamentístico, como expresó la propia Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, dijo que su volumen tanto en España como en Europa estaba «disparado».

OTRAS DISCREPANCIAS: LEY DEL SUELO Y BAJA LABORAL FLEXIBLE

Ya el año pasado la decisión de prorrogar los Presupuestos Generales de 2024, ante el adelanto electoral en Cataluña, provocó tiranteces en la coalición. Por un lado, el ala socialista explicó que no se daban condiciones para la negociación parlamentaria y volcar todos los esfuerzos este año, mientras que Sumar manifestó su desacuerdo, al considerar que pese a la contienda electoral el Ejecutivo tenía la obligación de intentar nuevas cuentas públicas.

Al inicio del curso parlamentario también surgió tensión en la coalición a cuenta de la propuesta de baja laboral flexible, formulada por el Ministerio de Inclusión y que recibió el rechazo frontal por parte de Díaz, quien aseguró que no iban a consentir ninguna variación en la incapacidad temporal tal y como está concebida actualmente.

En materia migratoria también han surgido roces como ocurrió en agosto del año pasado, cuando la vicepresidenta segunda rechazó que se siguieran «las mismas recetas que la derecha», mensaje que lanzó después de que el presidente del Gobierno, en el marco de su gira por países africanos, dijera que la expulsión de migrantes irregulares mandaba un mensaje nítido y contundente a las mafias.

Sin embargo, recientemente el Gobierno aprobó la regularización de al menos 25.000 migrantes afectados por la dana que tuvo lugar en Valencia en octubre del año pasado, propuesta que partió del departamento que dirige Elma Saiz y que también defendía Sumar, a través de Compromís. También ha habido sintonía sobre la necesidad de reimpulsar la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a medio millón de migrantes.

Uno de los choques más sonados en esta legislatura fue la ruptura entre los socios del Gobierno sobre la reforma de la Ley del Suelo, que Sumar rechazó y el PSOE acabó retirando del Congreso al constatar que tampoco contaba ni con el respaldo de parte de los socios habituales ni del PP.

VIVIENDA Y ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

La vivienda también es un elemento donde han mostrado diferencias, con la crítica de Sumar a la medida promovida por el PSOE de dar bonificaciones a los propietarios que alquilen sus pisos por debajo de los niveles de referencia en zonas tensionadas. Y es que el socio minoritario aboga por sanciones. A su vez, Sumar recurrentemente reprocha a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no tomar medidas ambiciosas para reducir los altos precios de la vivienda.

También la coalición se fracturó con la proposición de ley del PSOE para prohibir el proxenetismo, que fue tumbada en la Cámara Baja y contó con el voto en contra del Sumar, que acusaba a los socialistas de tratar de dividirles en un asunto complejo para el espacio, donde conviven sensibilidades abolicionistas y más tendentes a la regulación de la prostitución.

A su vez, las ampliaciones del aeropuerto de Madrid y del puerto de Valencia han generado discrepancias entre los socios, dado que son proyectos a los que se oponía Sumar.