Las ONG denuncian que nada justifica «la intervención armada ni una tutela externa» de EEUU en Venezuela

MADRID 5 Ene. –

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo ha manifestado su «condena categórica a la agresión militar» por parte de Estados Unidos en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, subrayando que pese al «deterioro democrático» experimentado en Venezuela en los últimos años nada justifica ni una intervención armada ni una «tutela externa».

En un comunicado, la coordinadora ha querido manifestar su «condena categórica a la agresión militar» por parte de Washington, que considera que «constituye una violación del Derecho Internacional y una injerencia inadmisible en los asuntos internos de un país soberano».

«Es especialmente grave la intención de ‘tutelar’ Venezuela y administrar una transición política, así como la amenaza de un uso masivo de la fuerza para obtener fondos y recursos dirigidos a empresas estadounidenses», ha valorado.

Asimismo, las ONGD españolas consideran que el ataque estadounidense «amenaza la paz global y hace que el mundo sea menos seguro» puesto que «da luz verde a cualquier nación del mundo que desee atacar a otro país para apropiarse de sus recursos o cambiar sus gobiernos».

En este sentido, advierten de que «es la misma lógica de la fuerza que Rusia ha utilizado para justificar su invasión de Ucrania» y «es la lógica de la impunidad que ha permitido a Israel cometer un genocidio sin sanciones ni consecuencias».

Pese a reconocer que «Venezuela atraviesa un prolongado deterioro democrático» después de que las autoridades hayan «limitado el espacio de la sociedad civil», que «más de 20 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional» y cerca de 8 millones de venezolanos han abandonado el apís, «nada de ello justifica la intervención armada ni una tutela externa de Estados Unidos sobre Venezuela», sostienen.

«La única salida legítima y sostenible debe ser construida por los propios venezolanos y venezolanas, mediante mecanismos pacíficos y democráticos», esgrimen, alertando de que la «agresión» de Estados Unidos «no puede entenderse al margen de los intereses económicos y estratégicos que la impulsan».

A su juicio, el objetivo último es la «apropiación de recursos y control económico, especialmente sobre las reservas energéticas de Venezuela» lo cual, «amenaza con instaurar formas de tutela y expolio propias de un protectorado económico incompatible con los principios de soberanía, justicia social y desarrollo sostenible».

En este sentido, advierten de que «es urgente actuar con responsabilidad y respeto a la legalidad internacional como vía para encauzar las situación hacia un contexto coherente con la legalidad intencionalidad, proteger a la población civil y reforzar el diálogo democrático».

Así las cosas, instan a la comunidad internacional, al Gobierno español y a la UE, entre otras cosas, que «demanden la garantía del respeto al principio de soberanía permanente de Venezuela sobre sus recursos naturales, evitando cualquier forma de apropiación, control o tutela externa contraria al derecho internacional» por parte de Estadso Unidos.

También les piden que «promuevan una resolución pacífica del conflicto, garantizando el respeto a los Derechos Humanos, la cobertura de las necesidades humanitarias existentes y la participación de la sociedad civil venezolana en la toma de decisiones de forma que se supere la crisis actual en el marco del respeto a la democracia y la legislación internacional».

Y por último reclaman que «defiendan una posición clara y activa en defensa de la legalidad internacional, promoviendo iniciativas diplomáticas y multilaterales que contribuyan a la desescalada de la actual situación, la rendición de cuentas y la construcción de paz».