Las declaraciones de exaltos cargos por fallecidos en residencias se suspenden por falta de traslado de actuaciones

MADRID 26 May. –

Las declaraciones de los tres exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid que habían sido citados como investigados por lo ocurrido en las residencias de mayores de la región durante la primera ola de Covid-19 han sido suspendidas debido a que no les habían dado traslado de las actuaciones, según han explicado los abogados de la acusación en declaraciones a los medios.

Los exaltos cargos y el exasesor citados este lunes eran Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño. La única declaración que han hecho a los medios ha sido por parte de Burgueño. «En la España de hoy, las víctimas y los acusados estamos en el mismo sitio, un poco confundidos», ha expresado, sin especificar a qué se refería.

Carlos Mur, citado como investigado, era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19.

Javier Martínez Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.

Antonio Burgueño era asesor del Gobierno regional y participó en la gestión de la situación durante las primeras semanas de marzo.

Decenas de personas convocadas por las asociaciones ‘7.291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias’ se han concentrado este lunes frente a los juzgados de Plaza Castilla para pedir «justicia por las víctimas en residencias de mayores durante la primera ola de Covid-19» coincidiendo con la citación.

Los manifestantes han desplegado una gran pancarta con la cifra 7.291, «en referencia a los fallecidos en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia Covid-19 sin derivación hispotalaria». Una cifra que, más adelante, el Gobierno regional ha rebajado a 4.100.

Vestidos con camisetas y gorras de las asociaciones, han realizado varios cánticos mencionando la citada cifra y han exigido «justicia para las víctimas», cuando se cumplen cinco años de lo ocurrido.