Las CCAA del PP reprochan la «unilateralidad» y el «autoritarismo» del Gobierno en la elaboración del plan de vivienda

MADRID 2 Oct. –

Las Comunidades Autónomas del PP han criticado este jueves la «unilateralidad» y el «autoritarismo» del Gobierno en la elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y han denunciado, al mismo tiempo, la «falta de lealtad» de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a la hora de negociar las condiciones del mismo.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en representación de las CCAA del PP y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que hoy han acudido a Madrid para reunirse con Rodríguez en la conferencia sectorial del ramo para tratar la propuesta del Ministerio.

Un encuentro que viene precedido de un comunicado difundido este lunes en el que las regiones gobernadas por los ‘populares’ han mostrado su rechazo al plan estatal, argumentando que la exigencia de financiación a las autonomías del 40% rompe el principio de igualdad de los españoles y de las CCAA.

En el texto, el PP ha señalado, además, que tal y como estaba diseñado, el plan «obliga a aplicar políticas sobre las que los expertos han advertido de sus nefastas consecuencias, como la inversión en el mercado, las zonas de mercado tensionadas y la generalización de subvenciones que acarrean una subida generalizada de los precios».

En este contexto, Suárez-Quiñones ha señalado que la propuesta del Ejecutivo «tiene que basarse en la lealtad institucional», una actitud que, bajo su punto de vista, «no tiene el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana», que bajo su punto de vista se rige por «la unilateralidad y desde luego el autoritarismo».

El portavoz del PP ha defendido que las CCAA tienen que ser las «protagonistas principales» en la configuración y la ejecución del plan de vivienda y que, en vez de eso, el Ministerio está tratando a los gobiernos autonómicos como «meros interesados» de la medida que sólo participan en la comunicación política del mismo.

De esta forma, ha reclamado «el reparto competencial» tanto en la elaboración como en la ejecución del plan de vivienda, esgrimiendo el aumento de la inversión por parte de las CCAA en el nuevo proyecto.

En el plan de vivienda se prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el plan anterior, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las CCAA tendrán que gestionar el 40% restante.

Los otros dos compromisos del plan consisten en blindar el parque público de vivienda de manera permanente e impulsar un sistema de datos públicos para favorecer la transparencia a través de las autonomías, según se ha asegurado desde el Gobierno.