Las CCAA del PP claman contra la condonación de la deuda, pero algunos ‘barones’ asumen que se acabarán acogiendo

La Rioja anuncia que cumplirá con la parte de la quita anunciada para su región mientras Feijóo la critica por ser «una argucia» MADRID 1 Sep. –

Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP han vuelto a rechazar este lunes la quita de la deuda planteada por el Gobierno al entender que se trata de una «trampa» y una «exigencia» del independentismo catalán, pese a que algunos ‘barones’ como el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, han avanzado que cumplirán con la condonación anunciada para su región, aún considerándola «injusta».

Las críticas llegan en la víspera de la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Hacienda, que prevé asumir hasta 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas, con el que Andalucía y Cataluña serían las regiones más beneficiadas, ya que el Estado absorbería 18.791 millones en el caso de la primera y 17.104 en el de la segunda, lo que representaría un 43 % del total.

Desde que se anunciara la propuesta, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han mostrado su rechazo a la condonación de la deuda autonómica al considerarla como una concesión al independentismo, aunque no habían explicitado si se acogerán o no finalmente a pesar de no compartirla.

Este lunes, sin embargo, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha avanzado que cumplirá con la parte de la quita anunciada para esa región, que alcanzaría 448 millones de euros, enmarcada en el proyecto de ley que se aprobará el martes, aunque ha matizado que no acepta la norma por «injusta», ya que, ha dicho, a cada riojano se le condonarán 1.360 euros frente a los 2.200 de Cataluña.

Por su parte, el Gobierno socialista de Asturias quiere ver el documento aprobado por el Consejo de Ministros antes de pronunciarse. Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, a preguntas de los periodistas, donde ha remarcado que tendrán que analizar con detalle cómo se materializa la condonación en base a aspectos técnicos que aún deben concretarse.

En el caso de Asturias, la cifra estimada asciende a 1.508 millones de euros, fundamentalmente deuda bancaria con terceros, al no haber recurrido el Principado a mecanismos extraordinarios del Estado.

Aún así, el presidente asturiano, Adrián Barbón, se ha mostrado este lunes convencido de que la mayoría de las comunidades autónomas que hoy dicen que no aceptarán la quita de la deuda se terminarán acogiendo a ella, empezando por Andalucía, «la más beneficiada de todas» por esta norma.

El rechazo del PP lo ha manifestado el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que ha calificado la condonación como «una argucia» para «prolongar la agonía» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque no ha detallado si las regiones gobernadas por su partido se acogerán finalmente o no.

Como también lo han hecho los presidentes de Aragón o Galicia, Jorge Azcón y Alfonso Rueda, respectivamente, que han considerado la medida como «un negocio ruinoso» y un reparto de las deudas que otros han generado».

Para el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, el Gobierno culminará «un atropello» al aprobar «una nueva burla» para los intereses de su comunidad autónoma, que supone, además, «un chantaje» a «la financiación de los servicios públicos» de la región.

Otras regiones como la Comunidad de Madrid o Andalucía han cargado contra la propuesta, que consideran una «trampa», y una medida «dictada» por los partidos independentistas catalanes.

En el caso de Madrid, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha trasladado que no van a negociar «nada» con el Ministerio de Hacienda porque la condonación «no es la solución» de los problemas financieros de las comunidades autónomas.

Por su parte, el consejero de Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado el perjuicio que supondrá a los ciudadanos la condonación de la «deuda separatista» del Gobierno, que incrementará en 523 euros lo que tendrá que pagar cada vecino castellanoleonés.

En su caso, Carriedo también ha reafirmado la intención del Ejecutivo autonómico de recurrir la ley cuando se apruebe. También ha arremetido contra la norma la portavoz del Gobierno de Andalucía, Carolina España, que ha tildado la medida como una «trampa» que se produce como una «exigencia» del independentismo catalán.