La nueva portavoz nacional de AJFV lamenta que APM y JJpD «copen» los nombramientos en la cúpula judicial

Solicita a Justicia que convoque más plazas para juez porque «la ciudadanía no tiene el número de jueces que requeriría»

Marien Ortega, la nueva portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha lamentado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) «prácticamente copen todos los nombramientos» en la cúpula judicial.

Así lo ha expresado Ortega en una entrevista con Europa Press, con motivo de su reciente nombramiento como portavoz nacional de AJFV, la segunda mayor asociación judicial por número de asociados, en la 39ª Asamblea celebrada en A Coruña el pasado 14 de noviembre.

La magistrada, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 13 de Sevilla, ha señalado que «es muy significativo» que sean las dos mencionadas asociaciones las que, según Ortega, abarcan los nombramientos «cuando juntas no llegan al 35% de la carrera judicial».

Este hecho, ha expresado la magistrada, revela «que se tienen en cuenta otros aspectos» al acordar los nombramientos, en detrimento de «lo que tendría que ser: los principios de mérito y capacidad».

Movidos por esta crítica, AJFV decidió tras la 39ª Asamblea que no avalarían a ningún candidato para vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que no sea la misma carrera judicial la que elija a los 12 vocales judiciales.

La asociación ha tomado esta decisión porque, en palabras de Ortega, se dieron cuenta «que el sistema no cambia, sigue respondiendo a las mismas cuotas partidistas», en las que «siguen primando dos asociaciones».

Por eso, la magistrada ha estimado que «es fundamental» cambiar el modelo de nombramientos del CGPJ, pues es un órgano que «tiene que alejar cualquier sospecha de influencia o de actuación partidista», algo que «ahora mismo no se produce».

«Hay una identificación con lo que ellos mismos denominan los bloques conservador y progresista. Creo que eso en la propia institución crea un perjuicio tremendo, porque provoca una falta de credibilidad», ha criticado Ortega.

De hecho, la asociación denunció en verano un informe que los nombramientos discreccionales del CGPJ «no reflejan la realidad» de la carrera judicial y que existe una sobrerrepresentación de los asociados de la APM y JJpD.

En un comunicado, AJFV avisó de que estas dos asociaciones han obtenido el 75% de la plazas públicas donde había más de un candidato, cuando «juntas no alcanzan ni el 35% de representación de la carrera judicial».

Con respecto a la implementación de los nuevos tribunales de instancia, que se prevé que entren en funcionamiento a partir del 31 de diciembre, Ortega ha manifestado que se trata de la «modernización de la justicia». Una modernización «necesaria», pero que se ha realizado «sin escuchar a quien está dentro, a quien sostiene la justicia cada día».

En este sentido, ha considerado positivo las «muchas reuniones» que ha tenido el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, pero han «echado en falta» esa misma «comunicación» con la carrera judicial.

Y se ha mostrado a favor de la moratoria para constituir los nuevos tribunales que ofreció Justicia a los partidos judiciales que la solicitaron «para detectar qué problemas ha podido haber en esa implantación y frente a esos problemas qué soluciones podemos dar antes de implantarlo en grandes capitales».

Esa «previa revisión de cómo está funcionando el proceso» es para la magistrada titular de un juzgado de Sevilla «imprescindible» porque, de no existir, «el caos puede ser absoluto».

Otra de las reivindicaciones de AJFV es el aumento de la convocatoria de plazas para la carrera judicial ya que, en palabras de Ortega, con las que se abren cada año «no va a llegar ni a cubrir siquiera la tasa de reposición».

Y con esto se ha referido a que no se van a poder cubrir «las vacantes que se están produciendo por jubilaciones, por incapacidades y por fallecimientos».

En este sentido, pone de manifiesto que los ciudadanos españoles «no tienen los jueces que deberían»: «En España tenemos una media de 11,6 jueces cada 100.000 habitantes, cuando la media en Europa son de 17 jueces cada 100.000 habitantes».

Este hecho, sumado al aumento de la litigiosidad de la que viene advirtiendo el CGPJ en sus informes trimestrales, provocará que «menos jueces harán el mismo trabajo», algo que, según la jueza, «afecta al ciudadano».

«Si tú tienes a un juez cansado porque está sobrepasado por la carga de trabajo, ese juez no resuelve igual y la ciudadanía no tiene la respuesta que debería tener y ese es un problema como sociedad que tenemos», ha explicado.

En esta línea, ha percibido un repunte en el número de bajas médicas que toman sus compañeros, además de «un incremento de las jubilaciones voluntarias anticipadas», que sitúa en alrededor de un 42% de todas los retiros. Para la jueza, esto «está muy relacionado con la sobrecarga de trabajo» y con que «no hay una perspectiva de mejora de la situación».

Por otro lado, la portavoz de AJFV ha dicho que la sentencia que impuso el Supremo al ex fiscal general del Estado por una revelación de secretos contra la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «está fundamentada y motivada».

Es por ello que «habría que evitar» las insinuaciones de una presunta motivación política detrás de la decisión, aun considerando que «la crítica de todas las resoluciones tiene que existir».

«No podemos llevarla al terreno de la sospecha o deslizar la idea de que se está resolviendo por afinidades o por ideologías. Todo eso tiene que quedar al margen porque ya hay formas de discrepar jurídicamente de una resolución», ha remachado Ortega.

Sobre los votos particulares que emitieron las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo pidiendo la absolución de García Ortiz, la jueza ha considerado que «el problema es cuando se desliza un relato interesado, porque el hecho de que haya votos particulares dentro de un órgano colegiado entra dentro del funcionamiento normal de los tribunales».

Ortega ha añadido que «es evidente» que esta situación «ha ocasionado un daño gravísimo en términos de credibilidad a la Fiscalía General del Estado» y ha manifestado que «el reto más importante» que tiene la nueva jefa del Ministerio Público, Teresa Peramato, «es recuperar esa credibilidad en la institución».