La mayoría de las comunidades del PP, dispuestas a acudir a los tribunales por el reparto de menores migrantes

La Rioja, Región de Murcia y Baleares, muy críticas, acusan al Ejecutivo de «mercadear» con los niños migrantes

MADRID, 18

La Comunidad de Madrid, Aragón, Cantabria, Galicia, Andalucía y Castilla y León son las regiones que han anunciado y mostrado su disposición a acudir a los tribunales tras el acuerdo pactado este martes entre el Gobierno y Junts para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados, lo que incluiría la distribución de los que se encuentran ahora en territorios tensionados por la presión migratoria, como es el caso de Canarias.

En concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que llevará ante los tribunales y la Unión Europea (UE) el acuerdo «lamentable» de reparto de menores migrantes y ha criticado que la política migratoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea «un lastre para todos».

En términos parecidos se ha pronunciado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha anunciado que cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este real decreto, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma lo estudiarán para presentar un recurso ante los tribunales españoles y europeos.

Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha vuelto a reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez «lealtad institucional, información y colaboración» de cara al reparto de los menores migrantes que llegan solos a España entre las comunidades autónomas y, tras indicar que las propuestas hechas con anterioridad eran «inconstitucionales», ha señalado que van a analizar el contenido desde el punto de vista jurídico para defenderse ante los tribunales.

También los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alfonso Rueda, ambos del PP, han criticado este martes la «falta de información» del Gobierno central a las comunidades autónomas sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, y no han descartado un posible recurso en los tribunales una vez que dispongan de todos los datos y sean analizados.

Asimismo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la región para recurrir el real decreto de reparto de menores migrantes y las normas de desarrollo tras la ausencia de una comunicación oficial por parte del Gobierno sobre el reparto que, ha incidido, debería ser «acordado y jamás impuesto».

«MERCADEAR CON NIÑOS MIGRANTES»

En tono distinto aunque también muy críticas con este pacto se han pronunciado las comunidades de La Rioja, Región de Murcia y Baleares. Concretamente, el Ejecutivo riojano se ha quejado de que «no tiene ninguna información» sobre el expediente que se ha aprobado y le han pedido «lealtad y diálogo» al Gobierno central.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado la situación «insostenible» de la comunidad al respecto, tras haber «sobrepasado» el 200% de su capacidad real y ha demandado un reparto equitativo entre los diferentes territorios.

Por otro lado, el Govern balear ha rechazado que la región acoja 59 menores migrantes no acompañados y ha avisado de que la Abogacía de la comunidad autónoma revisará a qué obliga el decreto y si se puede rechazar.

NO SE PRONUNCIAN

Por contra, ha habido varias CCAA que por el momento no se han pronunciado sobre este asunto como Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Comunidad Valenciana o Navarra.

UN ACUERDO «POSITIVO» En otro sentido se han posicionado las comunidades de Euskadi, Canarias y Cataluña, que han considerado «positivo» este acuerdo si bien han señalado que hay todavía un «margen de mejora», como ha sido el caso de Euskadi.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que desconoce el texto definitivo del acuerdo aunque lo ha considerado una «magnífica noticia».

En cuanto a Cataluña, el Govern ha señalado a través de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, que la región tiene total voluntad de asumir y desplegar el acuerdo y que lo hará con una visión «humanista y no mercantilista» de los menores.

ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO

El Gobierno ha asegurado que se han trasladado 1.000 menores migrantes no acompañados desde 2022, el 52% de los pactados con las comunidades autónomas en los tres últimos años. Así lo ha puesto de manifiesto la ministra Sira Rego en declaraciones a medios en el Ministerio de Juventud e Infancia, tras el acuerdo.

En este sentido, la ministra ha recalcado que el real decreto-ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros lleva acompañamiento financiero para los territorios y ha añadido que busca también la «complicidad» de las comunidades autónomas.

Asimismo, ha indicado que la propuesta se va a llevar a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y de Adolescencia, donde el Gobierno la abordará con las comunidades autónomas. Si bien, Rego ha añadido que en caso de que en la Sectorial no se apruebe por mayoría absoluta, igualmente, sería «de obligado cumplimiento».

El Gobierno ha garantizado en las disposiciones adicionales del decreto la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, para el que se contará en 2025 con un crédito extraordinario de 100 millones de euros.

En cuanto a los criterios que fija la propuesta van en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).