La ley para nacionalizar saharauis vuelve a frenarse en el Congreso, que no la aprobará hasta después del verano

La Comisión de Justicia planea reunirse el 23 de julio para emitir dictamen, pero ya no dará tiempo que llegue al Pleno este mes

La proposición de ley para conceder la nacionalidad a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española vuelve a frenarse en el Congreso, pues su aprobación en Pleno, que inicialmente se preveía para la sesión extraordinaria que se va a convocar para el 23 de julio, no tendrá lugar hasta después del paréntesis estival.

Esta iniciativa estuvo más de un año en la ‘nevera’ del Congreso y Sumar, que fue quien la impulsó, llevaba desde abril tratando de reactivarla ofreciendo a los grupos progresistas, incluido el PSOE, una propuestas de enmiendas transaccionales que agrupara las distintas aportaciones.

Durante el mes pasado, los dos partidos que integran el Gobierno de coalición acercaron posturas y acabaron pactando una serie de cambios en la redacción original que fueron avalados el 30 de junio por la ponencia con apoyo de los socios de izquierda, mientras que Junts optó por la abstención. El PP y Vox votaron en contra, pero quedaron en minoría.

Dado que julio y agosto son inhábiles a efectos parlamentarios, el Ministerio de Justicia solicitó a la Mesa del Congreso que habilitara este mes para poder continuar la tramitación. El siguiente paso es que se reúna la Comisión de Justicia para aprobar su dictamen y después elevarlo al Pleno para su aprobación y envío al Senado.

La intención de Sumar era que el debate en comisión se convocara para el 14 de julio y que la votación en Pleno tuviera lugar a la semana siguiente, en la sesión extraordinaria prevista para el día 23.

Pero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, finalmente la Comisión de Justicia no se reunirá hasta el día 23, con lo que, salvo que se convoque otro Pleno extraordinario a finales de agosto, la aprobación no tendría lugar hasta la primera sesión ordinaria de septiembre. Y después quedaría el trámite del Senado.

La ley busca conceder la nacionalidad española a los saharauis y sus descendientes que vivían en la antigua provincia española antes del 11 de agosto 1976, bajo dominio español, lo que según Sumar actualmente afectaría a unas 50.000 personas en los campamentos de Tinduf.

PODRÍA BENEFICIAR A CASI 100.000 PERSONAS

La condición de saharaui nacido en esas circunstancias se acreditará por DNI español (aunque no se encuentre vigente), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros. El PSOE no ha aceptado dar por buenos los papeles emitidos por el Frente Polisario, que no está oficialmente reconocido como autoridad.

Pero también beneficiaría a los inmigrantes sahaurais que se encuentran actualmente viviendo en España, unos 30.000 según Sumar, y que sólo necesitaran acreditar dos años de residencia legal y continuada y no tres para solicitar la nacionalidad, igualando los derechos a personas llegadas de Hispanoamérica, a los sefardíes o de otros antiguos territorios españoles.

La solicitud para la adquisición de la nacionalidad no estará sujeta a gravamen alguno y se presentará en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, que será a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.