La jueza interroga a la mujer del presidente de Quirón Prevención en la causa contra el novio de Ayuso

MADRID 19 Jun. –

La jueza Inmaculada Iglesias interroga este jueves en calidad de investigada a la mujer del presidente de Quirón Prevención en el marco de la causa que instruye contra Alberto González Amador por presunta corrupción en los negocios.

La citación, a instancias del PSOE y Más Madrid, se realiza con el fin de averiguar si se pagó una supuesta comisión «encubierta» de medio millón de euros por la compra de una sociedad que «carecía de actividad y patrimonio», según consta en la diligencia de citación.

El pasado 10 de abril, el novio de Isabel Díaz Ayuso documentó ante la magistrada los ingresos obtenidos de Quirón Prevención, negando su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda.

Se trata de la pieza separada abierta el pasado mes de octubre por la posible comisión de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal.

La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para «ocultar unos ingresos» del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.

Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.

La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos «en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L –empresa de Alberto González Amador– y su cliente Quirón Prevención S.L».

La resolución analizaba «si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados».

La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención».

Entiende que podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020».