La Comunidad y Tragsa abordan que las Brigadas Forestales de Madrid puedan acogerse al convenio de las BRIF estatales

MADRID 22 Ago. –

La Comunidad de Madrid y la empresa pública Tragsa han abordado este viernes la posibilidad de que los efectivos de los efectivos de las Brigadas Forestales que trabajan en la región puedan acogerse al convenio de la empresa pública para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) estatales.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, se ha reunido este viernes en la sede de la Consejería con el presidente de Tragsa, Jesús Casas, para abordar el conflicto laboral de estos trabajadores, que iniciaron el pasado 15 de julio una huelga para reclamar mejoras laborales –con servicios mínimos del 80%– y que han suspendido hasta el próximo 25 de agosto.

En el encuentro se ha abordado la opción de ofrecer a estos trabajadores la posibilidad de su incorporación al convenio de la empresa pública Tragsa para las Brigadas de Refuerzo por Incendios Forestales que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica, publicado en el BOE esta misma semana.

Desde la Consejería de Medio Ambiente han subrayado que este acuerdo ha recibido «muy buena valoración por parte de varios ministros del Gobierno de España» y han apuntado que se trata de una opción «perfectamente legal», previo acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

Actualmente, los efectivos de las Brigadas Forestales de Madrid se rigen por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, un convenio colectivo sectorial autonómico sobre el que, según Tragsa, «no está legitimada para la negociación».

El Gobierno regional, por su parte, mantiene que no puede negociar estas mejoras para los trabajadores al no ser competente en un convenio colectivo sectorial, tal y como señala un informe solicitado para este fin a la Dirección General de Trabajo. En concreto, en el mismo, consultado por Europa Press, se recoge que, aunque Tragsa «no está legitimada para negociar» este convenio colectivo sectorial, sí puede negociar «su propio convenio de empresa».

Así, desde el departamento que dirige Carlos Novillo han alegado que de esta forma se podría incluir a todo el personal que realice labores de prevención y extinción de incendios forestales, «permitiendo una homogeneidad en las condiciones de trabajo de los profesionales que realizan las mismas funciones».

Durante la cita, además, la Comunidad de Madrid ha instado a la empresa pública a convocar una reunión con los representantes de los trabajadores la próxima semana para avanzar en la resolución del conflicto laboral y ha confirmado que introducirá mejoras laborales en la renovación del encargo a la empresa pública que entrará en vigor a partir del próximo año.

En este encuentro, representantes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) harán entrega del plan de mejora de las bases e infraestructuras del que ya se informó a dichos representantes el pasado mes de julio.

Igualmente, se ha confirmado a Tragsa la decisión de continuar con el encargo de las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en tareas de extinción de incendios forestales y en determinadas intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos adversos.

En el nuevo encargo, que entrará en vigor a partir de 2026, se introducirán mejoras como un incremento de la partida presupuestaria en 4 millones de euros, ascendiendo así a un total por encima de los 32 millones anuales. Además, tal y como se trasladó a los trabajadores en julio, contemplará las contrataciones del personal durante los 12 meses del año.

Todo ello con el objetivo de incrementar las actuaciones de prevención con un operativo más estable y profesionalizado, según han apuntado fuentes de la Consejería a Europa Press.

Desde la Comunidad de Madrid se ha remarcado que de esta forma «continúa en la búsqueda de soluciones» a la situación laboral de este colectivo, unas reivindicaciones que el Ejecutivo autonómico reconoce como «necesarias».

El comité de empresa –formado por los sindicatos UGT, Firet y CGT– denuncia la situación de precariedad y temporalidad en la que desempeñan su trabajo y reclama mejoras laborales para el colectivo y la negociación del convenio colectivo, que no se revisa desde 2008.

Entre otras demandas, piden actualizar los salarios, congelados desde 2010, que se tenga en cuenta la peligrosidad, penosidad y toxicidad que implica su labor –no están protegidos ante agentes cancerígenos–, y acabar con la temporalidad –el 40% de la plantilla está cuatro meses al año–.

En declaraciones a Europa Press, Jesús Molina, de Firet, ha explicado que también demandan mejoras en unas bases que llevan 20 años de abandono o que se aplique la Ley 5/2024, aprobada el 8 de noviembre de 2024, algo que no hace la Comunidad de Madrid.