La Comunidad exige a Bustinduy una reunión por la financiación de la atención a dependencia: «Nos debe 3.000 millones»

Calcula que con esos recursos «podrían haberse creado más de 12.000 plazas residenciales»

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha exigido al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, una reunión por la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, cifrando en 3.000 millones de euros lo que el Gobierno de España «debe» a la región.

Así lo ha manifestado en una misiva que ha compartido a través de sus redes sociales, donde ha alertado el «incumplimiento» por parte del Ejecutivo central de cofinanciar al menos al 50% el coste efectivo del sistema junto a las comunidades autónomas.

«En el caso de la Comunidad de Madrid, la aportación real del Estado en 2024 se situó en apenas el 27,5% del coste del sistema, casi dos puntos porcentuales menos que el año anterior y las previsiones del certificado de 2025 se sitúan en un porcentaje similar. Este incumplimiento sostenido ha generado ya una deuda acumulada del Gobierno de España con los madrileños en situación de mayor vulnerabilidad cercana a los 3.000 millones de euros al cierre de 2025», ha detallado.

Dávila ha señalado que este «agujero» crece «a razón de más de un millón de euros cada día que pasa» y ha recordado que detrás de «una cifra abstracta», hay «miles de vidas en espera». Con los recursos que el Estado «ha dejado de aportar» a los madrileños solo el pasado año, «podrían haberse creado más de 12.000 plazas residenciales o financiado más de 17 millones de horas de ayuda a domicilio».

«Resulta difícil de explicar, y aún más de justificar, que el Gobierno siga amparándose en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para no cumplir la ley, cuando recientemente ha demostrado que dispone de instrumentos legales suficientes para incrementar la financiación cuando existe voluntad política», ha expresado la consejera madrileña.

Asimismo, ha apuntado que la aprobación de un real decreto-ley que modifica tanto la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado, como el Real Decreto 1051/2013, «evidencia que el problema no es jurídico ni técnico, sino de prioridades».

A su vez, Dávila ha trasladado que el caso de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es «paradigmático» porque, aunque la dotación aprobada es «manifiestamente insuficiente para atender las necesidades reales de los pacientes y sus familias», el Gobierno ha habilitado una financiación específica, «sin estar prevista en los presupuestos prorrogados».

«Lo que resulta incomprensible es que pudiendo hacerlo, no aplique la financiación marcada por la ley al sistema de dependencia, que afecta a más de un millón y medio de personas en todo el país y sigan escudándose en el propio incumplimiento de su Gobierno de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado», ha indicado.

Además, ha criticado que la «infrafinanciación» estatal «se agrava» para la mayoría de las regiones, al mismo tiempo que su Gobierno de España «suscribe acuerdos bilaterales solo con algunas comunidades autónomas utilizando la financiación social como moneda de cambio política, comprometiendo la igualdad entre españoles».

«Solicito una reunión inmediata para abordar de manera directa y rigurosa la financiación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, exigir el cumplimiento de su gobierno, y su propia promesa personal, y acordar medidas concretas que permitan garantizar su sostenibilidad y la atención digna que merecen las personas más vulnerables en toda España», ha concluido Dávila.