La Comunidad acusa a Sánchez de pretender que los madrileños «paguen» su «regularización masiva» de migrantes

MADRID 13 Abr. –

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha criticado este lunes que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «pretenda que sean los madrileños» quienes «paguen» sus «regularizaciones masivas» de migrantes.

En declaraciones a los medios, el consejero madrileño respondía así a un post en la red social ‘X’ del secretario general del PSOE-M, Óscar López, en el que acusaba al Gobierno autonómico de estar intentando «boicotear» la regularización de personas migrantes antes de recurrirla, en referencia a la saturación de la única oficina del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) habilitada en la Comunidad para la expedición del historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un documento utilizado en procesos de regularización de migrantes.

En un acto en la estación de Metro de Embajadores, Rodrigo ha subrayado que el CRTM «no ha variado su forma de trabajar» en esta oficina y ha subrayado que, aunque el Gobierno madrileño no comparte esta regularización impulsada por el Ejecutivo central «tampoco la va a boicotear».

En este sentido, el consejero ha explicado que el CRTM ha hecho «lo mismo» que ha «venido haciendo durante los últimos años» y que, «si lo que quiere el Gobierno de Pedro Sánchez es que» la Comunidad participe en esa regularización, debe mandar «los medios económicos o el personal suficiente para poder hacerlo».

«Lo que no puede ser es que el Gobierno de Pedro Sánchez haga una regularización masiva a diestro y siniestro y sin ningún tipo de control y que pretenda que las Comunidades Autónomas, en este caso el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sea quien pague al personal funcionario y que sean los madrileños quienes paguen el personal que se necesita para hacer esa regulación. Por ahí no vamos a pasar», ha añadido.

En línea similar se ha pronunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que ha acusado al Gobierno de «buscar» el colapso de los servicios públicos en la región, criticando la Proposición No de Ley (PNL) del PSOE de Madrid para reforzar esta oficina.

En una visita a las obras de la Ciudad de la Justicia, García Martín ha rechazado la iniciativa socialista y ha vinculado esta medida con el proceso de regularización planteado por el Gobierno central. «Ese proceso de regularización lo que busca es el colapso de los servicios públicos también en la Comunidad de Madrid», ha afirmado.

El consejero ha defendido que las oficinas del Consorcio tienen como función principal atender a los usuarios del transporte público. «Tienen que dar servicio a los viajeros que solicitan o renuevan sus abonos o resuelven dudas, y no son oficinas de regularización de personas inmigrantes», ha señalado.

Asimismo, ha asegurado que estos servicios ya están atendiendo a toda la ciudadanía y ha pedido al PSOE la retirada del proyecto de Real Decreto impulsado por el Gobierno central en materia de regularización.

«Es una auténtica barbaridad. Nadie está a favor de esa regularización masiva», ha sostenido, al tiempo que ha advertido de una posible saturación de los servicios públicos autonómicos y locales. A su juicio, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez busca «rédito político» con estas medidas.

«El Partido Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez lo único que busca es el rédito político y como digo tratar de colapsar todos y cada uno de los servicios públicos», ha censurado.

Estas críticas por parte del PSOE se producen después de que la Comunidad de Madrid haya avanzado que irá a los tribunales si el Gobierno de España les traslada «repartos forzosos e ilegales» de menores migrantes no acompañados; a la par que ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está «jugando» con estas personas.

Asimismo, el PSOE de Madrid ha reclamado en una Proposición No de Ley (PNL), adelantada por ‘Cadena Ser’ y a la que ha tenido acceso Europa Press, que se refuerce la oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en la Plaza Diego de Ordás, que emite el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un documento útil en el proceso de la regularización de migrantes.

Los socialistas afirman que se están generando «largas esperas, falta de citas y limitaciones horarias» por la falta de «personal suficiente», por lo que han pedido varias medidas a la Comunidad de Madrid. En primer lugar han reclamado aumentar el número de oficinas habilitadas para su dispensa, reforzar sus recursos humanos y garantizar la accesibilidad para personas con dificultades digitales o colectivos vulnerables.

Por otro lado, han pedido que se publique información clara, completa y actualizada sobre el procedimiento además de estudiar la posibilidad de que se pueda emitir el certificado a través de la ‘app’ Mi Tarjeta Transporte del Consorcio de Transportes.