La actitud violenta del acusado por violar y robar a una mujer en Vigo obliga a celebrar a puerta cerrada el juicio

VIGO 16 Sep. –

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acordado celebrar a puerta cerrada el juicio contra un hombre acusado de haber violado y robado a una mujer en Vigo, en el año 2013, «por motivos de orden público», debido a la actitud violenta y agresiva del procesado, que nada más comenzar la vista empezó a gritar y proferir insultos, exigiendo que no hubiera medios de comunicación en la sala.

Los problemas comenzaron en cuanto el tribunal había iniciado el juicio y los representantes de los medios de comunicación entraron en la sala. Los medios gráficos, siguiendo las indicaciones de la magistrada, estaban tomando imágenes desde el fondo de la sala, a la espalda del acusado, y éste, que se enfrenta a casi 17 años de cárcel, comenzó a lanzar improperios.

A la pregunta de la presidenta sobre si tenía algún problema, el procesado (que vino de la prisión de A Lama, donde cumple otras condenadas, y estaba custodiado por dos agentes de la Policía Nacional y sin esposar) respondió a gritos: «Sí, tengo un problema, no quiero fotos, no quiero que salga nada. ¡Que se vayan!».

Pese a que la magistrada recordó que el juicio es una audiencia pública y que no sería fotografiado si él no quería, el acusado siguió gritando y golpeó violentamente uno de los asientos donde se encontraba.

Sin dejar de gritar, en un momento dado se levantó de su silla de forma brusca y, en tono airado, se dirigió a los reporteros gráficos: «¿Qué estás grabando? ¡Te rompo la cámara, me cago en tus muertos!».

Los dos agentes policiales tuvieron que sujetarlo, ya que el hombre se dirigió en actitud agresiva hacia los reporteros, y tras apartarlo y tratar de tranquilizarlo, la jueza decidió suspender momentáneamente el juicio. Finalmente, la vista se reanudó, aunque lo hizo a puerta cerrada por decisión del tribunal, «por motivos de orden público».

Los hechos por los que se juzga a este hombre ocurrieron en 2013, cuando la mujer, una trabajadora de la limpieza de 51 años del antiguo Hospital Xeral, salió de trabajar una madrugada y, cuando se dirigía a una parada del autobús, fue abordada por el acusado a la altura de un descampado utilizado como aparcamiento.

El escrito de la Fiscalía recoge que el acusado le pidió un cigarrillo, «y con intención de apoderarse de lo que tuviese de valor consigo la víctima», la abordó por la espalda, colocándole uno de los brazos por encima del hombro y le tapó la boca. Así, le puso un objeto punzante en la espalda amenazándola, procediendo ella a darle 15 euros que tenía en billetes y varias monedas.

Tras esto, la condujo hacia un lugar más apartado y, «con la voluntad de menoscabar su libertad sexual, la empujó contra el lateral de un vehículo allí estacionado y de espaldas a él, el acusado le bajó los pantalones y la ropa interior y la penetró vaginalmente, mientras le tocaba los pechos por debajo del sujetador». «Posteriormente la obligó a que le realizara una felación y, como no eyaculaba, la volvió a penetrar vaginalmente», añade.

Después, el ahora acusado se percató de que la mujer llevaba una cadena de oro en el cuello, dándole un fuerte tirón para arrancársela, llevándose también un anillo de oro y un reloj y huyendo del lugar.

A consecuencia de lo ocurrido, la mujer sufrió un daño psíquico consistente en un trastorno de estrés postraumático. Además, se produjo una agravación de otros trastornos mentales de grado leve.

«Su estado psíquico en febrero de 2025 es de deterioro cognitivo grave de perfil frontal, caracterizado por déficits en las funciones cognitivas globales y superiores con repercusión grave sobre su funcionamiento global, siendo esta patología de carácter grave, persistente y no susceptible de mejoría», apunta Fiscalía.

De hecho, la mujer, que ahora vive en una residencia debido a su estado de salud, no ha prestado declaración en el juicio, ya que un informe forense avala que no está en condiciones de hacerlo.

Por todo ello, además de las penas de prisión (12 años por la violación y 4 años y 9 meses por robo con violencia e intimidación) también pide para el varón el pago de una responsabilidad civil a la víctima de casi 46.600 euros por las lesiones psíquicas y otros 50.000 en concepto de daño moral.

La acusación particular, que ejerce la familia de la perjudicada, también pide penas que suman casi 17 años de cárcel, mientras que la defensa solicita la libre absolución.

La detención del acusado por estos hechos se produjo casi 10 años después de lo ocurrido, ya que en ese momento, no fue identificado. Sin embargo, años después, su ADN apareció en una prenda de ropa intervenida en el escenario de un robo. Al analizar esa prueba, saltó la coincidencia, que permitió identificarlo como el autor de esa violación y ese robo cometido en 2013.