
Junts pide modificar el Estatuto de Roma para que el «apartheid de género» sea juzgado por la Corte Penal Internacional
Publicado 4 Oct 2025 12:17
Denuncia la segregación institucional en Afganistán e Irán y reclama mecanismos internacionales efectivos de protección
El grupo parlamentario Junts ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con la que reclama al Gobierno que promueva una reforma del Estatuto de Roma para que el «apartheid de género», como el que se atribuye a los talibanes en Afaganistán, sea juzgado por la Corte Penal Internacional.
La iniciativa, firmada por la diputada Marta Madrenas para su debate en la Comisión de Exteriores, busca adaptar el derecho internacional a formas de opresión sistemática contra las mujeres que, sostienen sus promotores, no quedan suficientemente cubiertas por las figuras penales actuales.
La noción de «apartheid de género» surgió a partir de la brutal represión impuesta por el primer régimen talibán en Afganistán, cuando defensoras afganas de los derechos humanos articularon por primera vez este concepto. Según recuerda la formación independentista, con el regreso de los talibanes se están volviendo a llevar a cabo «atroces sistemas de segregación, control y subordinación de las mujeres y las niñas», como la prohibición de recibir educación secundaria, trabajar, salir solas de casa, mostrar la cara o, incluso, hablar en voz alta en público.
El texto, recogido por Europa Press, advierte asimismo de consecuencias directas sobre la salud y la vida de las mujeres en este país asiático. De hecho, se ha llegado al extremo de prohibir que los hombres médicos traten a las mujeres, lo que, combinado con la falta de educación femenina, augura la desaparición de mujeres médicas en el futuro. Y recuerdan que en los terremotos recientes de septiembre no se prestó ayuda sanitaria a las mujeres heridas».
Junts extiende además su denuncia a Irán, donde señala que las mujeres y las niñas viven bajo un sistema que está incrementando a marchas forzadas las medidas y políticas represivas sobre las mujeres y menciona un nuevo proyecto de ley sobre «hiyab y castidad» con penas más severas.
Además, recoge que una misión de investigación de la ONU reconoció una nueva pauta de condenas a muerte de mujeres activistas en Irán y concluye que, pese a la abundante documentación sobre persecuciones sistematizadas por motivos de género, «actualmente el derecho internacional no reconoce el crimen de apartheid de género».
Frente a esa laguna, el partido catalán sostiene que los instrumentos jurídicos vigentes -como el crimen de persecución por motivos de género- no captan «la naturaleza sistemática, diseñada por el Estado e institucionalizada del apartheid de género», que, según el texto, constituye «un sistema estructural de exclusión y dominación con una intención ideológica clara».
Por ello, la proposición no de ley insta al Gobierno a promover la inclusión del «apartheid de género» en el proyecto de Convención de las Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad» y a modificar el Estatuto de Roma para que sea juzgado por la Corte Penal Internacional.
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