Junts apoya la ley para embargar la venta de armas a Israel mientras PP y Vox acusan a Sumar y Podemos de «antisemitas»

MADRID 20 May. –

Junts ha comunicado este martes su apoyo a la proposición de ley para establecer un embargo a la compraventa de armas a Israel, lo que asegura su toma en consideración en el Congreso, mientras que PP y Vox han acusado de «antisemitismo» a los proponentes.

En el debate parlamentario de la iniciativa de Sumar Podemos y BNG, el diputado de Junts Isidre Gavín i Valls ha despejado la incógnita sobre el sentido del voto de su formación y ha recalcado su respeto a los Derechos Humanos.

No obstante, ha pedido a los grupos que no usen la iniciativa como «arma política» ni «aquelarre partidista y demagógico» porque el debate del asunto «está lleno de contradicciones». «No he visto tanto entusiasmo en pedir que se evite la actividad para dar apoyo armamentístico y logístico a Hamás y Hezbolá», ha dicho, antes de garantizar que su grupo presentará enmiendas al texto.

El ‘sí’ de Junts despeja el camino a la toma en consideración de la norma, habida cuenta de que PSOE, ERC, EH Bildu y PNV también han asegurado que votarán a favor. Durante el debate, la portavoz adjunta del PSOE en la Comisión de Defensa, Caridad Rives, ha defendido que su grupo considera «necesario y oportuno» abrir un debate «serio y riguroso» sobre el nuevo papel que debe tener el control del comercio exterior de material de defensa como «herramienta para asegurar la paz».

De su lado, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha defendido ampliar el embargo a países que cometan crímenes de lesa humanidad, alegando que su formación es «tremendamente antimilitarista y está en contra de la venta de armas». «Si existen sospechas fundadas de crímenes de lesa humanidad, no se venden armas y punto», ha dicho. A su juicio, «embargar armas es desarmar la barbarie».

Salvador ha aprovechado su intervención para instar al Gobierno a ampliar el embargo de armas a escala europea y a actuar para forzar a la Unión Europea (UE) a lograr un alto el fuego en Israel «con todas las herramientas que tiene a su disposición».

El diputado de Bildu Oskar Matute ha urgido a apoyar la iniciativa «si de verdad se quiere» que España «tenga una posición clara y definida en contra de la capacidad de hacer negocio con estados genocidas». Además, ha reivindicado convertir en «una cláusula insalvable» en «cualquier principio de negociación» el «cumplimiento estricto de los Derechos Humanos».

«¿Cómo? Regulando no sólo a quien vendemos sino también a quien compramos y también con quien cooperamos. ¿Y con qué soporte legal se puede hacer esto? Con el hilo de coherencia que nos mantendría unidos al Derecho Internacional y con el propio tratado de comercio de armas», ha explicado.

El diputado del PNV Mikel Legarda se ha mostrado cauteloso con algunos aspectos del texto, como el punto que establece el embargo a un país una vez se presente una demanda contra el mismo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Considera que habría que esperar al menos a la adopción de medidas cautelares.

Pero, en cualquier caso ha trasladado el apoyo de su partido a la tramitación de la norma para incorporar al ordenamiento jurídico la figura del embargo y mejorar la ley sobre las transferencias de material de defensa y doble uso. Cree que supondría cubrir una laguna legal, puesto que el ordenamiento jurídico español no contempla la posibilidad de detectar embargos por parte de las autoridades si no proviene de una sentencia de un tribunal u organismo internacional.

De su lado, el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa, Alberto Asarta, ha recalcado la oposición de su partido a la tramitación de la norma, alegando, entre otras cuestiones, que su aprobación afectaría a la operatividad de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En esta línea, ha trasladado que Vox considera que las políticas de defensa y asuntos exteriores son políticas de Estado y, en consecuencia, «tienen que ser pragmáticas» y «despojadas de toda ideología». Por ello, ha recriminado a Sumar, Podemos y BNG el «sesgo anti-Israel» y «antisemita» que su partido detecta en la iniciativa, al tiempo que ha afeado que el texto sitúa al Estado hebreo al mismo nivel que Siria o Yemen.

Además, ha asegurado que «Israel no busca ni lucha por la desaparición de los palestinos» y que, de hecho, en su territorio, en muchas ocasiones viven muchos palestinos con sus mezquitas y costumbres, que aceptan las leyes y las normas de convivencia de Israel».

Por último, el diputado del PP Pablo Hispán también ha comunicado que su grupo no respalda la admisión a trámite de la iniciativa, argumentando que se trata de un «pastiche jurídico que destila rancio antisemitismo», «va contra Israel» y es «puro pisoteo del Estado de Derecho».

Como Vox, ha puesto el foco en las demandas contra Estados ante tribunales internacionales y ha criticado el «pastiche que lleva a confundir un mecanismo de resolución de controversias entre Estados, como es la CIJ, con órganos nacionales o internacionales de carácter penal, como el Tribunal Penal Internacional (TPI) o cualquier tipo de tribunal penal ‘ad hoc’, cuyo objetivo es la posible responsabilidad de individuos concretos».

Además, ha arremetido contra el presidente, Pedro Sánchez, y el Grupo Socialista. «Con una mano (Sánchez) se refiere a Israel como Estado genocida, mientras que con la otra sigue otorgando adjudicaciones multimillonarias a dicha nación y (el PSOE) votan a favor de regular el embargo al tiempo que seguirán pagando por decenas de contratos de compra de armamento y tecnología israelí», ha dicho. «Dejen de utilizar el sufrimiento en Oriente Próximo con fines políticos», ha rematado.