Interior, Hacienda y Transición Ecológica, los ministerios que más incumplen resoluciones del Consejo de Transparencia

El 11,5% de las peticiones de información por parte del Consejo en 2025 no se cumplieron y 25 acabaron en el Contencioso-administrativo

Interior, Hacienda y Transición Ecológica fueron los ministerios que más incumplieron el año pasado las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que les obligaban a facilitar la información que les había sido requerida por la ciudadanía.

De las 686 resoluciones que dictó el Consejo hasta el 30 de septiembre de 2025 sobre solicitudes de información hacia el conjunto de la Administración General del Estado, 581 fueron respondidas, el 84,8% del total, pero 79 (11,5%) fueron rechazadas y otras 25 (3,6%) acabaron en el tribunal Contencioso-Administrativo aunque, de momento, no hay sentencia firme sobre ninguno.

Cuando una persona o colectivo no obtiene respuesta en plazo o considera que la información dada por una administración es incompleta o incorrecta, puede presentar una reclamación gratuita ante el Consejo de Transparencia con carácter potestativo. Este órgano analiza el caso y dicta resolución motivada en un plazo máximo de tres meses, que es obligatoria para la administración, aunque en algunos casos no lo cumplen.

Entonces, el requirente puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

Los ministerios que más incumplieron figura el de Interior, con 18 solicitudes no satisfechas y otras 6 en el Contencioso, frente a las 51 satisfechas satisfactoriamente.

Al Consejo no le consta que el departamento de Fernando Grande-Marlaska haya facilitado información sobre diferentes solicitudes relacionadas con la Policía Nacional: autorizaciones de compatibilidades para el ejercicio de la actividad privada, productividad, atestados, comisiones de servicios, provisión de puestos, excedencias voluntarias y asistencia a actos por parte de los agentes.

Además, en los tribunales ha acabado la petición no satisfecha por parte del Ministerio sobre informe en materia de prevención de riesgos laborales sobre el incidente ocurrido el 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate, donde una narcolancha arrolló a una embarcación de del Grupo Especial de Actitividades Subacuáticas (GEAS) y causó la muerte a dos guardias civiles.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda, que administrativamente incluye a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no ha cumplido 13 resoluciones del CTBG y otros ocho casos están pendientes del Contencioso-Administrativo, frente a los 61 expedientes positivos.

Entre las primeras se encuentran las reclamaciones dirigidas a detallar la retribución de los directivos del Consejo de RTVE y del nombramiento discrecional de sus empleados. Además, el ente público que depende de la SEPI tampoco atenció una petición de las actas con las puntuaciones del jurado que escogió las canciones del Benidorm Fest 2025.

Asimismo, ha acabado en el Contencioso-Administrativo la falta de información sobre el detalle de las inspecciones, resoluciones o procedimientos incoados por la Agencia Tributaria desde el año 2000 hasta la actualidad a las formaciones políticas PP, PSOE, Vox y Podemos que hayan finalizado con sanción o archivo.

El Tribunal también tendrán que dirimir sobre la falta de información del departamento dirigido por María Jesús Montero de los informes semestrales de inversión territorializada del Estado en cada comunidad autónoma correspondientes al segundo semestre de 2022, todo 2023 y el primer semestre de 2024, además de los criterios utilizados para la distribución territorial de las inversiones y el grado de ejecución presupuestaria por territorio.

Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica ha desatendido 12 resoluciones del Consejo de Transparencia y otras dos se encuentran en el Contencioso, mientras que ha respondido satisfactoriamente a 53 solicitudes.

Así, rechazó la petición del informe completo elaborado por el Comité para el Análisis del apagón del 28 de abril, que requería la cronología detallada de los eventos ocurridos desde 12 horas antes de la caída del suministro hasta su recuperación total, con especificación de horarios precisos por zonas geográficas, entre otros datos.

En este sentido, el Consejo ha solicitado sin éxito al departamento de Sara Aagesen un informe completo de las centrales eléctricas situadas en territorio español que dispongan de capacidad de arranque en negro y el estado operativo de dichas instalaciones durante el apagón.

Además de los ministerios, el Consejo de Transparencia se dirige a otras organismos públicos estatales para recabar información pública solicitada por la ciudadanía. Este es el caso de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, que ha respondido satisfactoriamente a 36 solicitudes, pero a desoído otras 10.

Entre ellas se encuentra varias peticiones destinadas a conocer los gastos de representación y de los vuelos realizados en el Falcon y en otras aeronaves oficiales realizadas por presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y otra para conocer la documentación que tuvo durante el comienzo de la dana que afectó a Valencia en 2024, las medidas que adoptó, y por qué no pudo adelantar su regreso a España durante su visita oficial a India de esos días.

En el ránking de ministerios más incumplidores con el CTBE se encuentra el de Inclusión. De las 45 peticiones de información, cinco no han sido satisfechas. Todas estaban relacionadas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la mayoría iban dirigidas a conocer los detalles, baremos y evaluaciones de la designación de puestos de trabajo en esta entidad pública.

Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad terminó el año 17 resoluciones satisfechas, cuatro insatisfechas y un caso en el Contencioso-Administrativo, el relacionado con el contenido del acuerdo con la empresa Indra firmado el 15 de octubre de 2024.

Los incumplimientos están relacionados con la falta de información sobre criterios de valoración para cuerpos docentes universitarios por parte de la Agencia Nacional de la Calidad y Evaluación (ANECA), sobre el expediente de elaboración normativa del Real Decreto 640/2021 que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades y sobre los informes de la Conferencia General de Política Universitaria.

El Ministerio de Transportes rechazó el año pasado tres resoluciones del Consejo de Transparencia y otros cuatro han terminado en el Contencioso, entre ellas la negación de información de los detalles pormenorizados de los sucesos registrados con afectación al servicio durante el período comprendido entre el año 2012 y 2023 en todas las líneas de Cercanías de Valencia.

Del mismo modo, consta otro recurso sobre las incidencias registradas desde el 1 de septiembre de 2023 en el Eje Atlántico de alta velocidad entre La Coruña y Vigo.

El Ministerio de Trabajo también ha desoído tres peticiones del Consejo de Transparencia –un total de 32 resoluciones–, entre ellas los datos de reducción de siniestrabilidad laboral relacionada con brecha de género (2014-2024).

Cierra el listado de incumplidores los ministerios de Presidencia y Economía, con dos solicitudes rechazadas; y los de Transformación Digital, Industria e Igualdad, con una, esta última sobre el desglose del número total de víctimas mortales de violencia de género que estaban registradas en VioGén y fueron asesinadas por su maltratador. El balance del resto de ministerios es íntergramente positivo.