Gobierno de Ayuso defiende que el centro adscrito del ICAM cumple la normativa y dice que el Ministerio lo ha «avalado»

MADRID 16 Ene. –

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha defendido que el centro adscrito del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) cumple la normativa y ha asegurado que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lo ha «avalado» al concederle el código necesario para que pueda ser incorporado a las memorias de los títulos.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a Europa Press después de conocerse que el Ministerio que dirige Diana Morant ha interpuesto, a través de la Abogacía del Estado, un recurso contencioso-administrativo contra la orden firmada por la Comunidad de Madrid por la que se autoriza la adscripción del centro universitario.

«Todo el procedimiento se remonta a 2023. La tramitación de la solicitud para la autorización del ICAM como centro adscrito, que fue presentada por la propia Complutense a finales de ese año, ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente», han insistido desde el departamento que lidera Emilio Viciana.

Las mismas fuentes han subrayado que la propuesta cuenta con «todos los informes favorables» y han señalado que el Ministerio le ha concedido ya el código de centro necesario para que pueda ser incorporado a las memorias de los títulos como centro de impartición de enseñanzas superiores adscrito a la UCM. «El Gobierno está recurriendo algo que el mismo ha avalado concediendo este código», han manifestado.

El recurso fue presentado el pasado 12 de enero ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según información adelantada por ‘El País’ y confirmada por Europa Press. Desde el Ministerio Morant señalan que el propio nombre del centro adscrito ya indica algo que «no había sucedido nunca» en el sistema universitario español, como es el hecho de que un colegio profesional imparta directamente títulos oficiales en España.

El Ministerio de Universidades no ha sido el único en presentar un recurso. Esta misma semana lo hacía el PSOE-M ha recurrido ante el TSJM tras interponer también un recurso de reposición contra este centro ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.

Consideraban entonces que se había vulnerado el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales tras habilitarse a sí mismo para impartir titulaciones oficiales C en los nuevos estatutos aprobados el pasado julio, cuando estos solo pueden «impartir formación de posgrado, no grados universitarios».

En la misma línea, el rector de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Ángel Arias Hernández, anunció en diciembre que iba a presentar un recurso contra la creación del centro, advirtiendo de que era «un error dar este paso».

«Todas las universidades no somos idénticas y eso es bueno. Creo que está forzado y es una cuestión compleja, pero hay que ser coherente la hora de plantear centros adscritos. Abre la puerta a los otros colegios profesionales», indicó Arias en una rueda de prensa con los otros cinco rectores, entre ellos el de la Complutense, Joaquín Goyache, quien había asegurado que esta creación no era «una privatización», sino que colaboran con «instituciones importantes».