Fiscalía del TSJCyL abre diligencias contra Mañueco y Quiñones por la gestión de los incendios que asolaron El Bierzo

Bierzo Aire Limpio denuncia la posible ausencia de prevención, coordinación y transparencia institucional

La Fiscalía de Castilla y León ha comunicado a la asociación Bierzo Aire Limpio la apertura de diligencias de investigación penal contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la posible comisión de delitos relacionados con la gestión de los incendios forestales que asolaron El Bierzo y otras comarcas leonesas durante el mes de agosto de 2025.

La decisión de la Fiscalía responde a la denuncia presentada en agosto por Bierzo Aire Limpio, en la que se señalaban posibles delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos conexos vinculados a la «inacción y deficiente actuación» de la Administración autonómica mientras las llamas devastaban extensas zonas de las comarcas leonesas de El Bierzo, Laciana, La Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna.

Los incendios causaron la destrucción de miles de hectáreas de monte, graves daños en espacios protegidos de la Red Natura 2000, emisiones masivas de humos tóxicos y la pérdida de tres vidas humanas, además de graves afecciones a la salud de la población expuesta al humo durante días, según ha informado a Europa Press en un comunicado Bierzo Aire Limpio.

Según la asociación, existen indicios «fundados» de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno.

«El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes», ha señalado la asociación, que ha agregado que la Junta solo había ejecutado alrededor del 48 por ciento del presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales en agosto de 2025, mientras exige a los particulares a través de ordenanzas municipales y de los bancos de tierras mantener sus fincas desbrozadas antes del 1 de junio bajo pena de sanción.

Esta baja ejecución presupuestaria confirma, según Bierzo Aire Limpio, que la Junta no realizó ni la mitad de las tareas preventivas en el monte público, ni siquiera antes del inicio de la época de Riesgo Alto, fijada por su propio Plan INFOCAL a partir del 12 de junio.

Al mismo tiempo, ha apuntado que la Administración autonómica tampoco redobló su labor en las Zonas de Alto Riesgo, catalogadas por la propia Junta, «precisamente aquellas que terminaron siendo pasto de las llamas». Esta posible omisión en las áreas «más críticas» demuestra, a su juicio, una «injusticia manifiesta», al desatender los lugares donde el peligro era «más evidente».

Al mismo tiempo, la organización ha recordado recuerda que, tras catástrofes anteriores acaecidas en la comunidad autónoma y especialmente en El Bierzo o en la Sierra de la Culebra en 2022, no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.

«Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado, lo que constituye, a nuestro juicio, una inacción deliberada que agravó las consecuencias del desastre», ha añadido. A esta falta de previsión se suma, según la denuncia, la ausencia de coordinación «efectiva» con los ayuntamientos y los servicios estatales de emergencias, lo que habría dificultado una respuesta rápida y eficaz en las horas críticas.

En este contexto, ha puntualizado que la ausencia de medios de extinción activos en zonas de riesgo extremo, «como se constató nuevamente en el incendio de Sobrado semanas después», refuerza la tesis de una gestión «negligente».

Además, ha explicado que Mañueco y Suárez-Quiñones, al tratarse de aforados, deben responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, que será el órgano encargado de valorar las diligencias e impulsar, en su caso, las actuaciones judiciales pertinentes.

Bierzo Aire Limpio ha destacado que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía es «un primer paso imprescindible para depurar responsabilidades políticas y penales» y ha celebrado que la Fiscalía haya atendido la necesidad de investigar los hechos. No obstante, ha lamentado que, en paralelo, las Cortes de Castilla y León rechazaran recientemente la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de los incendios del pasado verano, en los que ardieron más de 150.000 hectáreas, murieron cuatro personas y miles de vecinos fueron desalojados.

«Mientras la Fiscalía actúa, el Parlamento autonómico opta por cerrar filas y negar información incluso a los propios procuradores y a las organizaciones sociales y ecologistas. Es el enésimo cerrojazo informativo de un Gobierno que prefiere el silencio a la rendición de cuentas», ha recalcado la asociación.

Bierzo Aire Limpio ha manifestado que los daños «no terminan con las llamas», ya que las escorrentías, corrimientos de tierra y arrastre de cenizas y materiales tóxicos hacia ríos y embalses están provocando una «segunda catástrofe ambiental». En este escenario, la «ausencia de previsión sigue siendo tónica general».

La asociación ha solicitado por escrito a la Junta de Castilla y León información sobre las medidas preventivas adoptadas para evitar los impactos post-incendio, sin haber recibido respuesta hasta la fecha. «La ausencia de planificación en la restauración ambiental pone ya en riesgo la calidad del agua de los ríos de la comarca que abastecen a poblaciones bercianas. Cada día que pasa sin intervención se agrava el daño», ha advertido.

Asimismo, ha pedido explicaciones sobre los lugares en los que se están depositando los lodos extraídos del río Meruelo y de otros cauces afectados, dado que el traslado o acumulación incontrolada de esos sedimentos, cargados de cenizas y contaminantes, puede generar nuevos focos de degradación ambiental si no existe un plan que los gestione adecuadamente.

La apertura de diligencias coincide con la aparición pública en los últimos días de Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones en Ponferrada, donde participaron en la firma de un documento de carácter «meramente simbólico». «Mientras la Fiscalía investiga su inacción, los responsables políticos se dedican a escenificar compromisos vacíos, midiendo el pulso de la opinión pública a la espera de que el tiempo borre la indignación ciudadana», ha subrayado la entidad.

Finalmente, la asociación ha asegurado que la sociedad berciana «no olvidará ni las pérdidas humanas ni la destrucción de su territorio» y seguirá promoviendo las acciones legales necesarias «para que nunca más la inacción institucional sea cómplice del fuego».