Fiscalía de Canarias asume que es «muy difícil» fijar la edad de menores migrantes en 15 días y ve un «error» ese plazo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. –

La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha admitido este martes que es «muy difícil» fijar la edad de los menores migrantes que llegan a las costas del archipiélago en 15 días y entiende que el plazo fijado en la reforma de la ley de extranjería es un «error».

En declaraciones a los periodistas tras entregar la memoria anual en el Parlamento de Canarias ha indicado que en caso de que no se fije la edad, corresponderá a la comunidad de destino y por ello «se corre el riesgo de que vayan mayores», subrayando que «lo ideal» hubiera sido que se derivara a personas con mayoría o minoría de edad.

Ha puesto como ejemplo las dificultades para los jóvenes que tienen entre 15 y 18 años que además no traen documentación, lo que obliga a hacer pruebas óseas, y en el caso de El Hierro, hay que traerlos hasta Tenerife, llevarlos a un centro de menores, después a un centro médico y en se proceso ya se «ha pasado» el plazo legal de los 15 días.

«Lo ideal hubiera sido que se pudiera determinar la edad lo más rápido posible, pero que una vez determinada la edad, fuera cuando fueran remitidos a la Península», ha explicado.

Farnés Martínez ha comentado que en muchas ocasiones ni los propios migrantes «saben» la edad que tienen porque su sistema de registro civil «no es tan perfecto» como el español nuestro y en otras piensan que «si dicen que son menores les es más fácil» pues vienen en «situaciones muy penosas, de países donde están muy mal y vienen a buscarse la vida». «No puedo dar una respuesta unánime, depende», ha agregado.

Sobre la memoria de actividad ha señalado que la delincuencia «crece» aunque no de «manera alarmante» al tiempo que hay una mayor sobrecarga de trabajo en el área de extranjería y trata de seres humanos por la llegada de migrantes a las costas canarias, lo que implica «mayor volumen de trabajo» en materias de determinación de edad e investigaciones.

Ha vuelto a insistir, no obstante, en que no han detectado un aumento de la criminalidad por el incremento de la inmigración, ni en las fiscalías ni en los servicios de guardia.

La fiscal ha advertido también del aumento de delitos vinculados a las redes sociales, tanto de acoso entre menores, como en mujeres adultas, una cuestión que no le parece «tan rara» porque «ahora la forma de comunicación prácticamente de mayores y menores es por redes sociales».

En el campo de las infraestructuras judiciales ha señalado que hay «diferencia» entre Tenerife y Gran Canaria, especialmente por la falta de un Palacio de Justicia en condiciones y la ausencia de más juzgados de violencia contra la mujer ya que el de Santa Cruz de Tenerife también atiende a Güímar y La Laguna.

«Hoy por hoy, no hay infraestructuras adecuadas donde pueda estar la mujer, con niños pequeños, donde pueda tener una entrevista con su letrado, donde tenga un servicio, una máquina de café o algo, algo humano para que esta persona que acaba de sufrir una agresión esté en condiciones de poder prestar declaración con dignidad», ha indicado.

Cuestionada por el medio ambiente ha señalado que se nota un «descenso» –en torno a 50 denuncias– aunque se debe a que el año pasado hubo «muchas diligencias» como consecuencia de una reparcelación que hubo en el sur de Tenerife.