Feijóo ultima el plan de regeneración del PP, que incluirá el cese automático del fiscal general si es procesado

Coincidiendo con el arranque del juicio a García Ortiz, el PP subraya que impulsará estas medidas si llega a Moncloa

El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene «prácticamente listo» su plan de regeneración democrática, que incluirá medidas como el cese inmediato y automático del fiscal general del Estado si es procesado. Además, los ‘populares’ proponen ligar el nombramiento del jefe del Ministerio Público al visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El plan del PP recoge más de 60 medidas en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial para combatir la corrupción, acabar con los «ataques» a la Justicia, garantizar las funciones del Parlamento y frenar la «erosión» institucional que, a su juicio, ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez en estos siete años en el Palacio de la Moncloa, según han indicado a Europa Press fuentes ‘populares’.

Feijóo da una prioridad absoluta a estas propuestas, en las que ha contado con el asesoramiento de expertos y catedráticos –muchos de ellos quieren permanecer en el anonimato y no vinculados al PP– y que impulsará en sus primeros 100 días de gobierno, según ha comprometido él mismo públicamente.

Entre las medidas de ese plan figura una relativa al jefe del Ministerio Público. En concreto, los ‘populares’ plantearán que «el procesamiento del fiscal general del Estado conlleve su cese inmediato y automático».

Fuentes del PP han subrayado que se trata de evitar lo que está ocurriendo ahora con Álvaro García Ortiz –cuya dimisión lleva pidiendo el PP desde hace meses– y que se sentará desde el lunes en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos.

Será el primer juicio a un fiscal general del Estado y ya ha sido calificado de «histórico». En concreto, García Ortiz se sentará en el banquillo por la filtración de un ‘email’ que dejó al descubierto las negociaciones de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con Fiscalía para llegar a un acuerdo en el caso por fraude fiscal. El jefe del Ministerio Público se enfrenta a hasta seis años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.

Aparte de su cese automático si es investigado un fiscal general, el PP promoverá cambios en el Estatuto del Ministerio Fiscal con el objetivo de que «no lo nombre el Gobierno simplemente, sino que su nombramiento tenga que estar sometido al visto bueno del Consejo General del Poder Judicial».

El PP también plantea medidas para mejorar el Poder Judicial: limitar las puertas giratorias y reforzar las exigencias de independencia en el Tribunal Constitucional y en el CGPJ; y establecer un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado, desvinculándolo del mandato del Gobierno.

El equipo que coordina la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha estado trabajando todo el verano para «pulir» este plan de regeneración democrática, tomando como base el documento que el propio Feijóo hizo público en Cádiz en enero de 2023, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

El PP quiere evidenciar con este plan, que constituye uno de los pilares básicos de su «alternativa», que hay dos formas de hacer política: la de respeto» al Estado de Derecho y sus órganos institucionales que «defiende Feijóo»; y la centrada en «colonizar» las instituciones que practica Sánchez, según los ‘populares’.

El documento enumera medidas para proteger la integridad territorial del Estado, recuperando el delito de sedición, dejando sin efecto la reforma de la malversación y tipificando el delito de referéndum ilegal.

Además, el plan del PP incluye propuestas para garantizar las funciones del poder legislativo y la calidad de las leyes limitando el recurso al real decreto ley, regulando la periodicidad del Debate sobre el estado de la Nación y creando una Oficina de Calidad Democrática.

También recoge iniciativas para un mejor gobierno como garantizar que la alcaldía recaiga en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas; establecer una comunicación institucionalizada y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y prohibir el uso de recursos públicos en actos de un partido.

El plan incluye asimismo actuaciones para «recuperar el prestigio de las instituciones», estableciendo requisitos de idoneidad para dirigir los organismos reguladores y con medidas para recuperar la credibilidad y la independencia de las instituciones que se han visto menoscabadas en esta legislatura. En concreto, recoge propuestas específicas para el CIS, el INE, el CNI y RTVE.